La presidenta de la cúpula empresarial Fedecámaras, Albis Muñoz, instó ayer al gobierno de Venezuela a dejar de presionar a los empleados públicos para que no asistan a firmar el 28 de noviembre para solicitar un referéndum contra el presidente Hugo Chávez.
"Hacemos un llamado al gobierno para que no sigan atentando contra los funcionarios públicos o miembros de las fuerzas armadas porque vayan al Firmazo", afirmó en rueda de prensa Muñoz.
La presidenta de Fedecámaras recordó al gobierno que la constitución y la ley del trabajo garantiza el derecho a laboral sin discriminaciones políticas.
"Tanto nuestra constitución como la ley del trabajo son claros y establecen protección a empleados públicos para que no se les intimide", agregó Muñoz.
La dirigente empresarial aseveró que si se sienten amenazados los empleados "pueden acudir a los tribunales a solicitar amparos constitucionales".
La oposición venezolana ha denunciado que el presidente en sus discursos amenaza veladamente a estos funcionarios para que no acudan a firmar.
La constitución venezolana establece la figura del referéndum revocatorio para los funcionarios públicos transcurrida la mitad de su mandato, en el caso de Chávez a partir del 19 de agosto, cumpliendo una serie de requisitos establecidos en un reglamento.
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