El presidente boliviano, Evo Morales, ha vuelto a agitar el avispero boliviano con un decreto que abre la puerta a las autonomías indígenas. Para algunos es una jugada electoral para asegurarse la reelección, para otros sólo un disparate y para los demás un acto de justicia histórica.
Morales se ha adelantado medio año a la fecha prevista para sacar adelante el decreto de autonomía, que se esperaba cerca del 6 de diciembre, la fecha de las elecciones generales en las que el Presidente espera obtener un segundo mandato.
Para el gobierno de Evo Morales, el proceso autonómico está destinado a "romper el monopolio del poder político de las élites, especialmente de las tierras bajas y complementar la lucha por los territorios indígenas, que representa la ruptura del monopolio del poder económico", en palabras del ministro de Autonomía, Carlos Romero, impulsor del decreto.
La autonomía indígena y campesina es el hito que culmina la lucha por la inclusión que comenzaron los pueblos del norte y el oriente de Bolivia en 1992, cuando ascendieron desde los llanos a las cumbres andinas en una dramática caminata. Se consideró el despertar de las mayorías indígenas que habían permanecido hasta entonces, con esporádicas rebeliones, resignadas a vivir ajenas a los beneficios económicos del Estado.
Los municipios que accedan a la autonomía indígena originaria campesina el 6 de diciembre recibirán 37 competencias adicionales al margen de las 47 con las que cuentan actualmente y el Estado tendrá que transferirles más recursos económicos para la ejecución de las nuevas atribuciones.
El Gobierno, el pasado domingo 2 de agosto, mediante un decreto supremo, fijó fecha para que los municipios puedan convertirse en territorios indígenas mediante referendos que serán organizados por el Órgano Electoral.
Con esta medida, al menos seis municipios del país están en condiciones de tramitar inmediatamente ante el Órgano Electoral la celebración de consultas en sus distritos: Jesús de Machaca, Charazani (La Paz), Tarabuco, Mojocoya (Chuquisaca), Chayanta (Potosí) y Curahuara de Carangas (Oruro).
El Órgano Ejecutivo concedió un plazo de 21 días, es decir hasta el 24 de agosto, para que las comunas interesadas en acceder al régimen autonómico presenten esta documentación.
Financiamiento.
Para financiar a las autonomías, el Estado apoyará con recursos económicos, independientemente de los ingresos que se generen por actividades mineras.
