BUSCAN CAMBIOCONSTITUCIONAL
- [B]La Constitución de Puerto Rico[/B]prohíbe a los jueces negar fianza o fijar fianzas excesivas, una determinación que queda a discreción del tribunal. Los abogados defensores también pueden solicitar que otro juez reduzca la fianza.
DATOS RELEVANTESDEL PROCESO
2.3- millones de electores que se inscribieron en la Comisión Estatal de Elecciones pueden votar.
- son los colegios electorales habilitados para la consulta popular de hoy.
- Ese año hubo 563 casos de sospechosos que destruyeron pruebas y 438 intimidaciones.
Los puertorriqueños tienen hoy una cita con las urnas para pronunciarse sobre la enmienda a la Constitución necesaria para limitar la fianza en ciertos casos de asesinato y la reducción del legislativo, votación en clave electoral a menos de tres meses para las generales.
El impulsor de la consulta es el gobernador de la isla y líder del Partido Nuevo Progresista (PNP), Luis Fortuño, que el 6 de noviembre se presenta a la reelección con una desventaja de 6 puntos, según la última encuesta, sobre el candidato del opositor Partido Popular Democrático (PPD), Alejandro García Padilla.
El gobernador convocó la cita de hoy conociendo que la mayoría de la población favorece dar discreción a los jueces para la fianza en ciertos casos de asesinatos, en un momento en el que la criminalidad alcanza cotas históricas.
Una encuesta de principios de mes publicada por el diario El Nuevo Día reflejó que un 59% de la población apoya la enmienda al derecho a la fianza frente a un 27% en contra y un 14% de indecisos.
El recorte legislativo era apoyado en ese sondeo por el 76% de los electores frente a un 13 en contra y un 11 de dubitativos.
La escalada de violencia queda constatada con los 18 asesinatos registrados el pasado fin de semana, reflejo de las más de mil muertes violentas con que se cerró 2011, el más sangriento de la historia de la isla.
La presión de las autoridades estadounidenses en la frontera mexicana contra el narcotráfico ha reavivado la vía del Caribe, por donde la droga llega a Puerto Rico y de ahí, ya en territorio norteamericano, a Estados Unidos continental.
La escala puertorriqueña deja parte de la mercancía en la isla, donde bandas de delincuentes se han hecho dueños de las calles y se disputan a tiros, en ocasiones en el centro de las ciudades, el control de los puntos de venta de la cocaína y otras drogas.
Los asesinatos, dobles e incluso triples, han significado una pesada carga sobre los hombros del gobernador Fortuño, que ve en esta cita una oportunidad de contar con el respaldo de una población atemorizada por unos delincuentes cada vez más violentos.
Analistas y editoriales apuntan que Fortuño, que conoce que el “sí” a la enmienda constitucional en ambos casos tiene todas las papeletas de ganar, quiere apuntarse la victoria de hoy y tomar así la inercia suficiente para imponerse en noviembre.
Los tipos de asesinatos en los que el juez podrá decidir sobre la fianza incluyen en los que medie premeditación, acecho, cuando ocurra en medio de un robo domiciliario, de una agresión sexual o secuestro, cuando se asesine a un agente del orden público en el cumplimiento de su deber, o cuando el asesinato sea consecuencia de disparar un arma de fuego desde un vehículo en movimiento o en lugares públicos.
El gobernador ha subrayado para contar con el apoyo de la población que lo único que se pretende es que los jueces puertorriqueños tengan la misma discreción -en la isla conviven, simultáneamente, la jurisdicción local y de Estados Unidos- de que disponen sus colegas federales.
De salir el “sí”, los jueces podrán conceder o denegar fianza tras evaluar si el acusado representa riesgo de fuga, de destrucción de evidencias o riesgo para la seguridad de otras personas.
El opositor PPD de García Padilla ha dado libertad de voto a su electorado, aunque el líder del partido hizo público que votará por el “sí”, según analistas locales para apuntarse también, en la medida de lo posible, la victoria.
Las minorías las encabeza el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), con el 3% del voto en las últimas generales, que hizo campaña por el “no” por entender que con la reducción de la fianza no se ataca la raíz del problema de la criminalidad.
En la consulta también se pregunta sobre la reducción del tamaño de la Asamblea Legislativa -Senado y Cámara de Representantes- en un 30%, aunque su repercusión mediática ha quedado en un segundo plano.
El Gobierno aduce que la reducción del número de legisladores de 78 a 56, de 27 a 17 senadores y de 51 a 39 representantes, supondrá un ahorro de millones de dólares para los contribuyentes y un legislativo más ágil.
La oposición del PPD, que en las últimas décadas se han alternado en el poder con el PNP, se alinea con el Gobierno por el "sí" a reducir la legislatura.
