La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela reavivó ayer las esperanzas de la oposición de sacar este año al presidente Hugo Chávez del poder, al ordenar que se levanten las objeciones a miles de firmas que respaldan el llamado a un referendo.
Con esta decisión, 876,017 firmas objetadas por haber sido recogidas en planillas con "caligrafía similar" podrían sumarse a las 1.8 millones de rúbricas declaradas válidas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y así completar al menos las 2.4 millones requeridas para convocar la consulta popular.
La sentencia abre las puertas a una batalla legal. Los partidarios de Chávez introdujeron ayer mismo un recurso de "protección constitucional y de suspensión de los efectos de la sala electoral" y anunció que marcharán hoy hasta la sede del máximo tribunal para "exigir que se haga justicia".
"No nos sorprende (...) por cuanto lo veníamos denunciando que en las próximas horas estaban montando un golpe contra la institucionalidad democrática, contra el gobierno nacional desde el Tribunal Supremo", dijo Ismael García, coordinador del equipo oficialista encargado de la materia electoral.
Pese a que el gobierno lo ve como la única solución, el nuevo modelo de atención que pretende implementar la Caja de Seguro Social es rechazado por la Asociación de Médicos, Odontólogos y Afines (AMOACCS) quienes interpretan que el, proyecto obedece a los lineamientos privatizadores de los servicios médicos por parte de las agencias comercializadoras de la salud nacional e internacional.
El gremio de profesionales de la salud asegura que se opone a este modelo "por inconsulto, impositivo, carente de efectividad y lesivo para todos los asegurados y todos los trabajadores de la salud a nivel nacional".
Afirma que el nuevo modelo de atención no establece un proceso administrativo que elimine el desabastecimiento de medicamentos, la paralización de los equipos médicos, las prolongadas citas médicas, ni el atraso en las cirugías.
El secretario general de la AMOACSS, Guillermo Pérez Silva, explicó a El Panamá América que la asociación mantiene una actitud de vigilancia en el desarrollo de la ejecución del modelo, porque el Ejecutivo "no ha aclarado lo que en realidad busca con su implementación, por lo que debería ser más explícito con respecto a la política que existe entre el ministerio y la CSS".
De acuerdo con estadísticas preliminares de la Contraloría General de la República de Panamá en el 2003, las principales causas de muerte entre los panameños fueron los tumores malignos, las enfermedades cerebrovasculares y los accidentes, lesiones autoinfligidas y agresiones.
Las estadísticas señalan que en el 2003 murieron 1,843 personas por tumores malignos, 1,147 enfermedades cerebrovasculares y 1,116 por accidentes o lesiones.
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