La Corte Nacional Electoral (CNE) de Bolivia informó que el referéndum revocatorio convocado para el próximo 10 de agosto sigue en marcha, pese al decreto emitido por el Tribunal Constitucional (TC) que ordena la suspensión de la consulta.
El presidente de la CNE, José Luis Exeni, justificó su decisión con el argumento de que el decreto del alto tribunal no menciona expresamente en ninguna parte "la suspensión del acto electoral".
Según el funcionario, la determinación del TC es "sólo un recordatorio de jurisprudencia" constitucional emitido a "título personal" por la magistrada Silvia Salame, la única en funciones en el tribunal.
"El organismo electoral prosigue en el ámbito de su competencia con todos los actos necesarios y convenientes para la debida aplicación y ejecución de la ley de convocatoria a referéndum revocatorio para el día 10 de agosto", puntualizó Exeni.
Suspensión.
Silvia Salame ratificó que, pese a ser la única magistrada en funciones en el TC después de que sus cuatro colegas dimitieran sucesivamente meses atrás, puede firmar un decreto para pedir a la CNE que suspenda la organización de la consulta porque hay jurisprudencia al respecto.
Al referéndum deben someter sus cargos el presidente Evo Morales, su vicepresidente Álvaro García Linera y ocho de los nueve gobernadores del país, ya que la de Chuquisaca está exenta de acudir a la consulta porque fue elegida hace apenas un mes tras la renuncia de su antecesor.
La decisión de Salame es una consecuencia de una demanda presentada contra el referéndum por el diputado opositor Arturo Murillo, de la fuerza centrista Unidad Nacional (UN).
La demanda de Murillo es un "recurso incidental de inconstitucionalidad", que alega que al convocar el referéndum se violó la Constitución debido a que ese tipo de consulta no está incluida en la Carta Magna, aunque fue avalada por una ley del Congreso promulgada por Morales.
Según Salame, dado que ella es la única magistrada del TC no puede tomar una decisión sobre la constitucionalidad o no del referéndum, pero puede firmar un decreto para frenar el proceso hasta que ese órgano cuente con todos los miembros necesarios para analizar el tema.
Reacción.
El Gobierno de Morales ha centrado su reacción en una supuesta falta de competencia de la única magistrada en funciones en el TC para emitir decretos como el que ordena parar el referéndum.
Además, anunció que la enjuiciará por prevaricación y la acusa de prestarse "servilmente" a la oposición para frenar el plebiscito.
En tanto, el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, el abogado Sacha Llorenti, aseguró a la red de televisión PAT que lo dispuesto por la magistrada del TC es "sólo una opinión" y que "no hay nada que acatar porque no tiene carácter vinculante".
A su juicio, la acción de Salame es parte de un presunto plan de los adversarios de Morales para frenar la consulta ante el temor de que sea revocado el mandato de los gobernadores opositores, que son seis de los ocho que deben someterse a las urnas.
Por su parte, un portavoz de los gobernadores autonomistas y opositores de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, miembros del denominado Consejo Nacional Democrático (Conalde), anunció una próxima reunión para analizar la decisión judicial y tomar una posición conjunta.
Según Carlos Dabdoub, Secretario de Autonomías de la Prefectura de Santa Cruz, si la CNE no acata el dictamen del TC cometerá "un desacato".
