Chuck Grassley, quien votó por la amnistía de 1986, opina que antes de legalizar a los inmigrantes sin papeles es vital garantizar la invulnerabilidad de la frontera con México.
Mientras, Ted Cruz no quiere ni oír hablar de darle la ciudadanía a los extranjeros que violaron las leyes a sabiendas al vivir en el país sin permiso de estadía.
Ambos se pronunciaron en contra del proyecto de reforma a las leyes de inmigración que aprobó una comisión del Senado y dejaron en claro que no todos los republicanos están moviéndose hacia el centro en el debate en torno a la iniciativa que busca legalizar a unas 11 millones de personas y reforzar al mismo tiempo la vigilancia de las fronteras.
De hecho, solo tres de los ocho republicanos de la Comisión Judicial que envió el proyecto al Senado en pleno aprobaron la iniciativa, lo que hace que surjan dudas respecto a su futuro, sobre todo en la Cámara de Republicanos, donde los republicanos son mayoría.
Los demócratas controlan el Senado, pero no suman los 60 votos que les permitirían anular eventuales maniobras obstruccionistas (discursos inacabables que impiden una votación, una táctica conocida en inglés como filibuster , y resta por verse hasta qué punto los republicanos están dispuestos a moderar sus pareceres sobre el tema y aprobar el proyecto, como piden muchos de sus líderes, convencidos de que es vital atraer un voto hispano que cada día tiene más peso.
La línea dura de Mitt Romney hacia los inmigrantes sin papeles podría haberle costado la elección presidencial del año pasado. Esa derrota terminó de convencer a los republicanos de que es imperioso captar un mayor porcentaje del voto hispano e hizo que muchos de sus máximos dirigentes apoyasen una reforma, incluidos algunos que se oponían firmemente a ella. Se pensó que, con ese cambio de actitud, el camino hacia la reforma quedaba despejado.
Es evidente, que todavía queda mucho por hacer para convencer a los republicanos de apoyar el proyecto y que su aprobación no está garantizada ni siquiera en el Senado.
