En el texto sobre Birmania, los estados miembros se muestran "profundamente preocupados" por la situación de los Derechos Humanos en el país asiático.
Aunque aprecian que la Junta Militar Birmana haya permitido la entrada al relator especial cuyo mandato acaba de ser renovado por un año, Paulo Sergio Pinheiro, le impelen a llevar a cabo las recomendaciones realizadas por el Consejo.
Los estados miembros considera esencial que el gobierno birmano respete las libertades fundamentales de sus ciudadanos e "investigue y lleve ante la justicia los que perpetraron violaciones a los derechos humanos, incluidas las que se llevaron a cabo contra los manifestantes pacíficos" en los disturbios del pasado septiembre.
Asimismo, el Consejo impele a la Junta militar a que libere a los detenidos durante las protestas, y también a los presos políticos como la Nobel de la Paz, Daw Aung San Suu Kyi.