"Creemos que los estadounidenses deben saber que esta confirmación es sólo la punta de iceberg'', dijeron los senadores demócratas Mark Udall, de Colorado, y Ron Wyden, de Oregon, en una declaración. Los dos declinaron ofrecer detalles, citando las normas del Senado sobre el manejo de información secreta. Proyectos de ley para desmantelar los programas fueron derrotados por estrecho margen el mes pasado en la Cámara. El esfuerzo legislativo impulsado por conservadores libertarios y demócratas liberales que presionaron a favor de un cambio contra líderes legislativos y legisladores que se concentraban en la seguridad. Nancy Pelosi, líder de la bancada demócrata en la Cámara y que por lo general apoya los programas, dijo el viernes en un comunicado que las nuevas revelaciones son "extremadamente preocupantes''.
La mayoría de las infracciones reveladas el jueves ya tarde son actividades no autorizadas de vigilancia de estadounidenses u objetivos de inteligencia extranjeros en Estados Unidos, que están restringidas por ley y por orden ejecutiva, según la auditoría del 3 de mayo de 2012 y otros documentos secretos. La auditoría de mayo identificó 2.776 incidentes en los 12 meses anteriores de actividades no autorizadas de recopilación, almacenamiento, acceso o distribución de comunicaciones legalmente protegidas. Van desde infracciones significativas de la ley hasta errores tipográficos que resultaron en interceptaciones no intencionales de llamadas telefónicas y mensajes electrónicos en Estados Unidos. Entre los incidentes más serios está la infracción de una orden judicial y el uso no autorizado de información sobre más de 3.000 estadounidenses y residentes legales del país. En la categoría de errores tipográficos, el Post citó un ejemplo de 2008 en que se recogió un "alto número'' de registros telefónicos de Washington DC, cuando un error de programación confundió el código de área telefónica del Distrito de Columbia, 202, por el código de llamadas internacionales 20-2, correspondiente a El Cairo, según una revisión de control de calidad que no se distribuyó a supervisores de la NSA. En otro caso, el Tribunal de Supervisión de Inteligencia Extranjera (FISC, por sus siglas en inglés), que tiene autoridad sobre algunas operaciones de la NSA, no conoció de un nuevo método de recogida de información hasta que estuvo en operación muchos meses. El tribunal lo declaró inconstitucional. El magistrado presidente del FISC le dijo al Post que la corte sólo podía pronunciarse sobre el material que le entregaron. "El FISC está obligado a depender de la exactitud de la información que le entregan'', expresó el juez federal de distrito Reggie Walton en una declaración por escrito al Post. "El FISC no tiene la capacidad de investigar asuntos de falta de cumplimiento, y ese respecto está en la misma posición que cualquier otro tribunal en materia de obligar (al gobierno) a hacer cumplir sus órdenes''. La Associated Press hizo varias solicitudes de comentario a Walton sobre esa declaración. Un funcionario del tribunal dijo que el juez no iba a responder. Por su parte, la Casa Blanca declinó el viernes comentar sobre las revelaciones más recientes y remitió las preguntas al Consejo de Seguridad Nacional (NSC, por su siglas en inglés). Caitlin Hayden, portavoz del NSC, remitió a su vez todas las preguntas a la NSA.
