El ex dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt aseguró ayer que hay cuadros en su partido político para relevarlo, durante su primera aparición pública tras su derrota como candidato presidencial en las elecciones generales del pasado 9 de noviembre, cuando fue relegado al tercer lugar.
Al ser consultado por los periodistas sobre si continuaría en la política, el controversial político de 77 años afirmó que esa decisión la tomará la dirigencia del FRG.
El líder de Alianza Nacional (derecha) y viceprimer ministro de Italia, Gianfranco Fini, pidió ayer la expulsión de su partido del diputado Antonio Serena por haber repartido un video con la autobiografía del criminal nazi Erich Priebke, quien vivió casi 50 años en Argentina.
Presentado como un documento de "valor histórico excepcional y humanamente inmenso", el video narra la vida del ex capitán de las SS, quien fue juzgado y condenado en Italia en 1998 por la masacre el 24 de marzo de 1944 de 335 civiles.
Qorei, se entrevistó con líderes de cinco facciones, incluidos HAMAS y la Yihad Islámica, que han encabezado una campaña de atentados suicidas y emboscadas contra israelíes desde septiembre de 2000.
Tras una reunión de dos horas con Qorei, el dirigente de HAMAS, Ismail Haniyah aseguró que estaba preparado para "mantener a los civiles de ambos lados fuera del ciclo de violencia si el enemigo israelí se compromete a dejar de atacar a civiles palestinos".
"Todos los que estén involucrados en las pruebas que remita el contralor serán investigados por el Ministerio Público", aseguró.
En cuanto a las personas que se incluyan en la investigación, la procuradora no afirmó ni rechazó que se pueda involucrar a periodistas por la presunta participación en este delito.
"Todavía no sé", respondió al ser abordada sobre la investigación contra periodistas "Tienen que esperar a que se arme un expediente", concluyó.
Por otro lado, la procuradora de la Administración, Alma Montenegro de Fletcher, remitió ayer a la Corte Suprema de Justicia su opinión, en torno a una petición hecha por el contralor Weeden para que se suspenda el contrato adquirido por el Estado con la empresa PECC.
Explicó que lo que envió a la Corte fue una opinión que le solicitó la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, en torno a una petición de suspensión del contrato hecha por Weeden.
Montenegro de Fletcher prefirió no emitir comentarios en los medios de comunicación en torno a esta solicitud, antes de que su opinión sea recibida por la Corte Suprema de Justicia.
