La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, incluyó en el gabinete para su segundo mandato a cuestionados políticos, incluyendo tres procesados por la justicia y cinco derrotados en las elecciones pasadas, para poder satisfacer a los partidos de la coalición de gobierno.
Tras haber anunciado a comienzos de diciembre a cuatro ministros con perfil técnico para carteras del área económica, la jefe de Estado, que asumirá su nuevo mandato el 1 de enero, divulgó los nombres de otros 13 de sus 39 ministros, en su mayoría políticos de partidos aliados.
Los nombramientos provocaron rápidas reacciones de diversos sectores y críticas de la prensa ya que premian a políticos procesados, candidatos derrotados en las elecciones de octubre y líderes identificados con la derecha y cuestionados por los movimientos sociales que hasta ahora han apoyado al Gobierno.
La distribución de cargos para acomodar a aliados en el Gabinete fue calificada por la oposición como una demostración del clientelismo de un Gobierno que no se incomoda en aliarse a cualquier partido y político para garantizar mayoría en el Congreso.
La mandataria necesita una amplia base de apoyo parlamentario para afrontar importantes desafíos, como el ajuste fiscal para enderezar una economía debilitada y el escándalo de corrupción que paralizó la petrolera estatal Petrobras.
Para los voceros del Gobierno, en cambio, Rousseff tan sólo busca mantener una base oficialista amplia y unida para garantizar la gobernabilidad.
