El Gobierno y el Congreso de Colombia abrieron ayer un debate público sobre un polémico proyecto de ley que definirá los castigos a los paramilitares de extrema derecha que se acojan a un plan de paz, en medio de advertencias de que los crímenes atroces no pueden quedar impunes.
La iniciativa comenzó a ser discutida en audiencias públicas convocadas por ambos poderes, e instaladas ayer por el alto comisionado para la paz del Gobierno, Luis Carlos Restrepo, en la sede del Congreso.
En los debates, que se realizan a instancias de las comisiones de paz del Legislativo, toman parte representantes de los gremios económicos, de los partidos políticos y de asociaciones de víctimas de la violencia.
Por otro lado, la guerrilla de las FARC planeaba atentar contra puntos clave de la frontera entre Colombia y Ecuador, en represalia por la captura en Quito de su ex negociador de paz "Simón Trinidad", reveló ayer el director de la policía secreta, Jorge Noguera.
Las autoridades decomisaron en la ciudad de Pasto, capital del fronterizo departamento de Nariño, 140 barras de dinamita, 36 kilos de indugel, pólvora y otros elementos explosivos.
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