La justicia militar del Perú informó ayer que le pidió a la justicia civil que se inhiba de procesar a un grupo de doce militares acusados de presuntos asesinatos extrajudiciales durante el rescate de rehenes de la residencia del embajador de Japón en Lima en 1997.
El Consejo Supremo de justicia militar señaló en una declaración entregada a la prensa que el juzgado civil no es competente para investigar el caso y alegó que un juez militar ya había abierto una investigación procesal. "Se trata de un típico delito de función que es de jurisdicción y competencia de la justicia militar de acuerdo con la Constitución del Perú", indica.
"Los comandos que intervinieron en la operación de rescate "Chavín de Huántar" actuaron premunidos de órdenes regulares y bajo el ámbito territorial de un estado de emergencia", explica el documento para justificar la decisión del fuero castrense de abrir un proceso y obligar a la justicia civil a que desista.
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