Las pugnas a favor y contra la realización del referendo sobre hidrocarburos, que dividen Bolivia entre quienes exigen la nacionalización y quienes apoyan al presidente Carlos Mesa, que sólo propone recuperar la propiedad de los hidrocarburos en boca de pozo, se reavivaron ayer a 6 días de la consulta.
Los sindicatos y campesinos intensificaron su campaña contra las 5 preguntas cerradas del referendo, ninguna de las cuales alude a la nacionalización de los hidrocarburos, actualmente en manos privadas.
La Central Obrera Departamental (COD) de El Alto, epicentro de la insurrección popular que en octubre pasado depuso al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada por su política hidrocarburífera supuestamente contraria a los intereses nacionales, llamó a un paro cívico "movilizado", de viernes a domingo, día del referendo.
La COD y la Federación de Juntas Vecinales, que presionan a Mesa por la expropiación de las concesiones de petroleras extranjeras, convocaron a "un paro cívico para que no se lleve en El Alto y en provincias este tramparendum", afirmó el dirigente sindical Roberto de la Cruz a la AFP.
La medida de fuerza implica el corte de los accesos carreteros a esa ciudad, la cuarta más poblada y una de las más empobrecidas del país, y también trata de impedir el desplazamiento de los funcionarios de la Corte Nacional Electoral.
Por su lado, el líder radical de la matriz de trabajadores, Jaime Solares, volvió llamar a la abstención, a pifiar el voto o escribir la palabra "nacionalización", y manifestó que sus bases "boicotearán" el referendo.
