La sociedad brasileña, representada por delegados en la XIII Conferencia Nacional de Salud (CNS), rechazó hoy una propuesta con respaldo del Gobierno que buscaba despenalizar la práctica del aborto en el país.
La CNS, reunida desde el último jueves hasta este domingo, está votando 400 propuestas para mejorar la salud pública del país y una de las votaciones más esperada era la relacionada con el aborto, que en el país apenas es legal en caso de riesgo de vida de la madre, concepción por violación y anencefalia (fetos sin cerebro).
El servicio de noticias oficial Agencia Brasil informó que el 70 por ciento de los 2.627 delegados con derecho a voto rechazaron la propuesta, que será excluida del informe final de la Conferencia para ser entregado a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Quienes votaron a favor del texto, incluso, fueron abucheados por el plenario.
La recomendación de las organizaciones feministas, apoyada por el gobierno, proponía "asegurar los derechos sexuales y reproductivos, respetar la autonomía de las mujeres sobre su cuerpo, reconociendo el aborto como problema de salud pública y discutir su despenalización por medio de un proyecto de ley".
El gestor de Relaciones Institucionales de la Pastoral de la Niñez, Clovis Boufleur, manifestó que la victoria de los grupos anti-aborto "refleja el pensamiento del pueblo brasileño".
"Las encuestas muestran que más del 60 por ciento del pueblo brasileño es contrario al aborto, a la penalización de la vida", agregó.
"El aborto no resuelve el problema de salud en Brasil", señaló Boufleur.
Para el coordinador del Pacto Nacional por la Reducción de la Mortalidad Materna y Neonatal del Ministerio de Salud, Adson Frana, el rechazo causó "extrañeza", porque la propuesta pasó en siete de las diez plenarias temáticas precedentes y el apoyo de los gobiernos de diez de los 27 estados.
Las decisiones de la CNS no tienen efecto legal, pero sí un gran peso en las decisiones del poder público.
El presidente del Consejo Nacional de Saúde, Francisco Batista Júnior, reconoció el trabajo de los grupos anti-aborto, liderados por las iglesias Católica y Evangélica.
La representante de la Red Nacional Feminista de Salud Pública, Ducelina Vasconcelos Xavier, apuntó, por su parte, que la victoria de los grupos anti-aborto "fue una demostración muy clara del fundamentalismo que la gente ve crecer".
Para Vasconcelos Xavier la no inclusión del "aborto legal" en el Sistema Único de Salud (SUS) sobrecargará los costos de los hospitales públicos, que comenzarán a atender a unas 240.000 mujeres pobres que acuden a ellos cada año con secuelas de abortos "mal practicados" en clínicas clandestinas en precarias condiciones.
