Fuerzas de seguridad indias mataron a nueve presuntos militantes islámicos durante un enfrentamiento armado en Cachemira, a pocas horas de la primera ronda de votación en las elecciones estatales de hoy. "Fuerzas de seguridad han matado a nueve terroristas. Todavía siguen los enfrentamientos armados. Estamos a la espera de más información", dijo un portavoz de Defensa en declaraciones efectuadas en la noche de ayer.
El portavoz indicó que las fuerzas de seguridad mataron a los militantes cerca de la línea de control que divide Pakistán e India, unos 100 kilómetros al noroeste de Srinagar, la capital veraniega del estado indio de Jammu y Cachemira.
Funcionarios indios esperan que los separatistas intenten llevar a cabo más atentados hoy para sabotear las elecciones.
Anteriormente ayer, funcionarios indios dijeron que habían atrapado a nueve miembros del proscrito Jaish-e-Mohammed, uno de los principales grupos rebeldes, que planificaron una serie de atentados explosivos para atacar a trabajadores políticos. Dos policías murieron ayer cuando presuntos militantes islámicos atacaron el automóvil de una ministra de Cachemira india.
El automóvil de la ministra de Turismo, Sakina Itoo, fue atacado en el poblado sureño de Boh cuando se dirigía a un acto de campaña del partido Conferencia Nacional. Itoo, única mujer con cargo de ministro en el estado de Jammu y Cachemira, salió ilesa del ataque.
La residencia de la misma funcionaria fue atacada el jueves de la semana pasada con una granada que dejó cuatro heridos. Ella no se encontraba en su casa al momento del ataque. Separatistas que luchan contra el dominio de Nueva Delhi sobre la región himalaya, que India comparte con Pakistán, amenazaron con boicotear las elecciones.
Más de 440 personas, incluidos el ministro de Justicia y al menos una docena de trabajadores de partidos políticos, han sido asesinados desde que se anunció la votación a principios de agosto. La policía dice que a los militantes le dijeron que recibirían 2.065 dólares por cada candidato que maten.
Abogó por una modificación a la ley que cristalice ese anhelo, no sin antes destacar que la mala imagen que vive la institución es responsabilidad de un pequeño grupo de unidades, en detrimento de una mayoría comprometida con su trabajo.
El funcionario apuntó que actualmente existe una actitud muy positiva de quienes dirigen la PTJ, sin embargo, "hay muchos años de deterioro que requieren un trabajo profundo y muy delicado".
Para el abogado, la solicitud no es un mero capricho, sino que es parte de la tendencia mundial que plantea que la policía judicial debe estar supeditada al Ministerio Público, con un perfil más técnico, judicial y bajo.
Lamentó que los policías judiciales mantengan una estructura que los limita en su desarrollo y los supedita a la concreción de actos que van en contra de sus principios éticos, "porque hubo situaciones que se presentaron anteriormente donde se utilizó a la institución para cosas que no eran correctas".
El secretario de la Procuraduría dejó claro que la solicitud hecha para que esta entidad asuma la absoluta jefatura de la PTJ no tiene que ver con poder. "Muchas veces cuando hemos planteado esto las personas de la clase política dicen que lo que sucede es que el procurador Sossa quiere más poder sin darse cuenta que el procurador que venga, llámase como se llame y nómbrelo quien lo nombre, se dará cuenta que sin un brazo investigativo que esté supeditado al que dirige, el trabajo no se realizará.
Pese a lo anterior y a su juicio, el llamamiento para una modificación de la Ley de la PTJ debe surgir de un consenso y del convencimiento de la ciudadanía de que el país se merece una institución independiente de la clase política y capaz de realizar con éxito y profesionalismo su labor.
"Nosotros sabemos, conocimos el proceso de integración, que fue un proceso exitoso hasta que llegó esta reforma. Sabemos cómo podemos hacer para que esto funcione bien porque tenemos el conocimiento", acotó el funcionario de la Procuraduría.
Mientras tanto, adelantó que los procesos de investigación contra unidades de la entidad continuarán, hasta procurar la depuración de esa dependencia.
"En estos momentos tenemos una persona (Rodolfo Aguilera) que es colaboradora, que actúa con seriedad y profesionalismo, pero si él o cualquiera otra persona en el cargo quisiera declararse en rebeldía, puede hacerlo sin que le suceda nada", manifestó Castillo.
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