En una sentencia difundida hoy, la Sala Constitucional del TSJ confirmó la decisión y declaró "inadmisible" la intervención del ciudadano Antonio José Varela, quien, a título personal, presentó un escrito para reclamar "la sanción pecuniaria impuesta" a Albanes.
Consultada por Efe, Albanes indicó que espera conocer "en detalle" el texto de la decisión del TSJ para "después emitir una declaración" al respecto.
La decisión, difundida mediante una nota de prensa por el Supremo, ratificó la sanción impuesta el pasado 23 de febrero, al considerar que Albanes desacató su exigencia de impedir la destrucción de material electoral de las primarias del 12 de febrero, en las que Henrique Capriles fue elegido como candidato de la oposición para las elecciones presidenciales de octubre.
El TSJ se pronunció así sobre una medida cautelar que emitió el 14 de febrero en la que ordenaba a la Comisión Electoral de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) no quemar los cuadernos de votación de esos comicios.
Esa medida se tomó después de que uno de los precandidatos participantes en la consulta, que aspiraba a un cargo de alcalde en un municipio del estado occidental de Yaracuy, interpusiera un amparo solicitando la revisión de los resultados.
Meses antes de esta votación, la MUD anunció a los potenciales votantes que los cuadernos y actas electorales donde figurarían sus nombres y datos serían destruidos para preservar la identidad de los participantes.
Albanes ha argumentado que la quema de los cuadernos se hizo para "impedir una nueva lista de la infamia", en alusión al listado de firmantes que en 2004 reclamaron un referendo revocatorio contra el presidente Hugo Chávez.
Esa lista se hizo pública y, según denuncias de la oposición, a los electores que figuraban en ella se les impidió, entre otras represalias, el acceso a funciones laborales en la administración pública o ascensos en ella.
El pasado 29 de febrero, la MUD anunció que cancelaría la multa impuesta a Albanes, quien, a su vez, destacó que en tres días se logró la recolección de los 3.535 dólares.
Sin embargo, en esa misma fecha Albanes presentó un escrito de reclamo contra la multa alegando, entre otras, que viola su derecho al debido proceso.
