Los socorristas suspenderán las tareas de rescate de un pueblo que quedó sepultado por el lodo el lunes pasado habiendo recuperado menos de la mitad de los cadáveres de las víctimas, informó ayer el jefe de bomberos, Rolando Viscarra.
"El estado de descomposición de los cadáveres es avanzado y no contamos con el equipo necesario"", dijo Viscarra, quien, junto a unos 250 voluntarios realizan el rescate en el pueblo minero de Chima, a 200 kilómetros al norte, que fue aplastado por una avalancha.
La maquinaria pesada que solicitaron los socorristas no llegó a la zona por el mal estado del precario camino de acceso a Chima, y sin ese apoyo es difícil continuar el rescate, dijo Fredy Miranda, uno de los voluntarios. El poblado sería declarado "camposanto" .
Para su sorpresa, dijo Serrano, el director le envió una misiva en la cual anuncia una reunión para escoger una nueva directiva de padres de familia, cuando las funciones de los actuales directivos vence en octubre de 2003.
Manifestó que existe la intención de reemplazar a la directiva actual por el hecho de pedir una investigación sobre supuestas actuaciones irregulares de la dirección del ICP, al tiempo que hizo un llamado a los profesores y estudiantes del plantel de que estén alerta ante los hechos que se puedan dar en el ICP.
La asociación también está a la espera de una respuesta a la carta pública que le hicieron a la ministra de Educación, Doris Rosas de Mata, para que se pronuncie e investigue lo que sucede en el ICP. Hasta el 12 de marzo pasado, los fondos de la Asociación de Padres de Familia del ICP ascendían a B/.25,336.57, de los cuales B/.20,935.50 son de la recaudación de la cuota del 2003. Cada padre de familia paga una cuota de B/.16.00 y el ICP tiene una matrícula de 3,500 estudiantes.
Son millones de balboas los que están en juego y nadie da explicación por un dinero que le pertenece a todos los panameños, destacó el presidente de la Asociación de Profesores de la República de Panamá, Andrés Rodríguez, quien denunció que cuando los docentes piden explicación son perseguidos por los directores.
También cargó parte de la responsabilidad del mal manejo de estos dineros al ministerio, porque no se puede mandar de vacaciones a una directora como ha ocurrido en el Remón Cantera, cuando lo correcto era separarla del cargo para ser investigada. La directora en propiedad del Remón Cantera, es la profesora Miriam Moscoso, pero a ella no se le ha abierto un proceso, reclamó Rodríguez.
Igualmente debe rendir una explicación a la Contraloría General para que se explique cómo se aprueban las adquisiciones que se hacen con dichos fondos que provienen del descuento que se hace a todos los asalariados del país.
Mencionó que el Colegio Abel Bravo de Colón recibe cerca de B/.200,000.00 anuales, sin embargo, sus condiciones son precarias; en tanto citó que en el Colegio Richard Neumann se comprobó que hubo malos manejos de los fondos del Seguro Educativo y todavía sigue allí el director, "dispuesto a seguir manejando la institución".
Rodríguez no comparte la decisión de la ministra de rotar a los contadores de las escuelas, porque eso no resuelve el problema, ya que si ese auditor se prestó para actuar de cómplice con un director, está dispuesto a hacerlo en otro colegio. Rodríguez adelantó que la APRP realizará una reunión de Junta Directiva el próximo 12 de abril y allí se propondrán algunas sanciones contra los directores que hagan mal uso de los fondos.
Además de las denuncias apuntadas, Rodríguez señaló que también se han recibido en la organización denuncias de malos manejos en la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena.
En tanto, la directora ejecutiva de Transparencia Internacional, Angélica Maytín Justiniani, precisó que se deben establecer mecanismos para que los directores de colegios rindan un informe cada cierto tiempo, no sólo a las autoridades educativas, sino también a los padres de familia y estudiantes.
Lamentó que en un país con tantas necesidades ocurra este tipo de acciones que se podrían evitar siempre y cuando se tomen acciones, no sólo penales, sino también de control y prevención. Una de las alternativas que propuso fue que se obligue a los directores a abrir páginas en la internet informando sobre el uso de los dineros del Seguro Educativo para que todos los ciudadanos puedan tener acceso para conocer si hay despilfarro o malos manejos.
No debe haber excepción en el trato que se debe dar a un director de un plantel que incurra en irregularidades o cualquier otro ciudadano o funcionario, estimó Maytín Justiniani. "No basta con trasladar o mandar de vacaciones a los sospechosos, sino que se debe investigar y llegar hasta las últimas consecuencias, sin importar de quién se trate", agregó.
