La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala expresó su preocupación por la seguridad de dos ex miembros de una red de defraudación al fisco guatemalteco cuyo descubrimiento provocó la renuncia y encarcelación del entonces mandatario Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti.
Juan Carlos Monzón, ex secretario privado de Baldetti, se encuentra detenido por haber participado en "La Línea'', una red de empleados y funcionarios públicos, particulares y empresarios que fraguaron un fraude millonario al fisco guatemalteco. Según la fiscalía, Monzón era uno de los líderes de la red.
El ex secretario, quien acudió a una cita a los tribunales apareció vestido con chaleco y casco antibalas y rodeado de decenas de policías fuertemente armados. Luis Fernando Orozco, abogado de CICIG, pidió al Juez Miguel Ángel Gálvez, que ordene redoblar la seguridad del detenido, a lo cual accedió.
Tras breves minutos frente al juez para confirmar quién es su abogado, Monzón abandonó el recinto.
Otro de los involucrados en el caso Salvador Estuardo González alias "Eco'', colaborador eficaz del caso y quien actualmente declara sobre el dinero que él recibía y entregaba a Monzón para que éste a su vez entregara a Baldetti y Pérez Molina, también denunció amenazas a principios de semana.
El titular de la Cicig, el abogado colombiano Iván Velásquez, dijo el miércoles en su cuenta oficial de Twitter que ``Es deber de las autoridades de Guatemala proteger la vida de Salvador Estuardo González, `Eco', notoriamente en peligro por su colaboración''.
El fiscal Francisco Sandoval dijo que González dijo que recibió amenazas de parte de Pérez Molina, algo que negó enfáticamente su abogado César Calderón.
En su segundo día de declaraciones, González continuó su testimonio mientras la fiscalía le mostraba documentos, capturas de pantallas de su teléfono donde documentaba los pagos supuestamente hechos a Pérez Molina y Baldetti.
La fiscalía aún no ha determinado el monto total de lo defraudado al estado, pero ha dicho que pudieran ser millones de dólares. En la acusación de la fiscalía se informa que Baldetti y Pérez Molina habrían recibido al menos 28 millones de quetzales, unos $3.6 millones, de sobornos.
Monzón también pretende ser colaborador de la fiscalía para testificar sobre el dinero entregado a Baldetti y Pérez Molina, producto de sobornos y de la defraudación al fisco. En la audiencia del miércoles Monzón dijo que lo que cuenta González es verdad y que él tiene "otra parte de la historia''.
Por el caso Pérez Molina y Baldetti renunciaron a sus cargos en mayo y septiembre de 2015 respectivamente y están presos a la espera de saber si van a juicio o no por cargos de corrupción.
En abril de 2015, la Comisión y la fiscalía anunciaron la desarticulación de una red de particulares y empleados públicos que recibían sobornos de empresarios importadores para permitirles ingresar mercadería al país pagando menos impuestos a través de tres aduanas: Puerto Quetzal, Puerto Santo Tomas de Castilla y la Aduana central del país.
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