La tensión que mantienen desde hace meses el presidente colombiano, Álvaro Uribe, y la Corte Suprema de Justicia por la elección del nuevo Fiscal General subió de tono en los últimos días con graves acusaciones y descalificaciones entre ambas partes.
En el último capítulo del conflicto, el Gobierno emitió ayer un comunicado en el que acusa de mentir al presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Augusto Ibáñez, y cuestiona su idoneidad para “administrar justicia” al frente de ese organismo.
“¿Si el Presidente de la CSJ miente, qué se puede esperar de su tarea de administrar justicia?”, cuestiona el comunicado del Gobierno, que acusa a Ibáñez de “faltar a la verdad públicamente sobre lo trascendido en reuniones” con Uribe sobre una materia “tan delicada” como es la elección del nuevo Fiscal General.
El conflicto viene de lejos y se explica por la negativa de la CSJ a elegir al nuevo Fiscal General de entre la terna de nombres presentada por Uribe, mientras al organismo se le acumulan un importante número de investigaciones consideradas sensibles.
Entre ellas se encuentra el escándalo de las supuestas escuchas ilegales del Departamento Estatal de Inteligencia a periodistas, magistrados, opositores y activistas de derechos humanos, así como las acusaciones contra los hijos de Uribe por presunto tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.
Según Uribe, Ibáñez le dijo durante su último encuentro que con la reciente recomposición de la terna, motivada por la renuncia de uno de los candidatos, quedaba resuelto el problema, algo que el magistrado niega.
Ibáñez, por su lado, insiste en que la terna sigue siendo “inviable” y ha denunciado en los últimos días el “asedio” al Supremo para que elija cuanto antes al reemplazo de Mario Iguarán, cuyo periodo al frente de la Fiscalía General terminó en julio pasado.
