Antioquia, el departamento más rico de Colombia pero que registra del 30 al 40% del total de las acciones de los grupos irregulares, vivirá una elección presidencial de alta tensión, con su gobernador secuestrado y una escalada del conflicto entre paramilitares y guerrilleros.
"No obstante las dificultades, aspiramos a que las elecciones se conviertan en un rechazo rotundo a la violencia" dijo a la AFP el gobernador encargado de Antioquia (noreste), Eugenio Soto, quien reemplaza al titular, Guillermo Gaviria, secuestrado hace poco más de un mes por la guerrilla de las FARC, cuando realizaba una marcha por la paz.
El recrudecimiento del conflicto se hizo evidente el pasado martes, cuando una operación conjunta del ejército, la policía y el servicio secreto DAS contra las milicias guerrilleras que operan en los pauperizados barrios de las montañas que rodean la ciudad, se transformó en combates en las calles de Medellín, que dejaron nueve muertos y decenas de heridos.
Antioquia es también el departamento natal del candidato favorito a la presidencia, el disidente del opositor Partido Liberal, Alvaro Uribe, quien propone aplicar una política de mano dura contra las organizaciones armadas.
Como gobernador de ese departamento, entre 1995 y 1997, Uribe promovió la creación de cooperativas de civiles para apoyar a las fuerzas de seguridad, que según varias ONG se convirtieron en fuente de permanentes violaciones a los derechos humanos.
Esos dirigentes humanitarios también denunciaron que estas cooperativas denominadas "Convivir" orientaron su acción casi exclusivamente hacia la guerrilla y que muchos de sus miembros se sumaron después a los grupos paramilitares.
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