TPI investigará masacres en Congo

Las graves atrocidades cometidas en la provincia de Ituri, en la República Democrática del Congo (RDC), constituirán el primer caso que investigará el Tribunal Penal Internacional (TPI), según anunció ayer el fiscal jefe, Luis Moreno Ocampo.
El fiscal argentino se inclinó por ésta entre las 499 denuncias recibidas desde que la Corte entró en vigor el 1 de julio de 2002 por considerarla "la situación más urgente", pero adelantó que "antes de fines de año puede haber algunos casos más".
Su oficina recibió seis denuncias sobre matanzas, algunas de las cuales son informes de organizaciones no gubernamentales muy detallados y documentados, acompañados de fotografías y testimonios de víctimas y testigos.
Según estos informes, unos 5,000 civiles fueron asesinados entre julio de 2002 y principios de 2003 como resultado de los enfrentamientos tribales a manos de diferentes grupos armados que trataban de controlar los recursos naturales de la región.
Moreno-Ocampo explicó que las denuncias respaldadas por informes de Naciones Unidas y organizaciones nacionales e internacionales de Derechos Humanos relatan "ejecuciones sumarias, tortura sistemática y detenciones ilegales".
"Los informes recogen también graves crímenes contra mujeres que fueron objeto de violaciones sistemáticas, agresiones sexuales y mutilación de genitales", aseguró Moreno-Ocampo.
El último informe de las cuatro últimas misiones del Consejo de Seguridad, publicado el 16 de junio de 2003, describe junto a los asesinatos un gran número de desplazados, la utilización de niños-soldado y hasta casos de canibalismo.
El fiscal anunció también que estudiará los posibles vínculos entre estos crímenes y delitos como el blanqueo de dinero de grupos organizados que controlan las minas de oro, las explotación ilegal del petróleo y el comercio de armas.
Durante las investigaciones preliminares, que pueden prolongarse más de un año, la fiscalía recabará información para comprobar la veracidad de las denuncias recibidas y la gravedad de los crímenes y se asegurará de que el Gobierno de la República Democrática del Congo no quiere o no puede juzgar los presuntos crímenes.