La pelea judicial entre Clarín y el Gobierno se trasladó el martes a un tribunal de alzada, que deberá resolver si son constitucionales los artículos de una ley que obligan al mayor multimedios de Argentina a desinvertir en el mercado audiovisual.
El juez Horacio Alfonso aceptó la apelación que presentó el Grupo Clarín contra su fallo del 14 de diciembre, en el que declaró la constitucionalidad de varios artículos objetados y la envió, con efectos suspensivos, a la Cámara en lo Civil y Comercial Federal.
La decisión del magistrado dejó vigente la medida cautelar que mantiene suspendida la obligación de que Clarín presente un plan para desprenderse de las licencias de señales audiovisuales en las que se excede, según la ley de medios de 2009. Según juristas, el caso podría llegar a la Corte Suprema en marzo o abril.
