El ex fiscal quinto penal, Giovanni Olmos, reveló que durante su gestión en el Ministerio Público presentó una iniciativa para la capacitación de jueces y fiscales, a través de la Agencia Norteamericana para el Desarrollo (USAID), pero que desconoce el estatus de este programa.
Olmos alegó que la legislación aprobada es una de las más avanzadas de Latinoamérica, pero que requiere de una buena reglamentación y dotarla de los elementos necesarios para su aplicación eficiente.
Sostuvo que los delitos ecológicos en la actualidad revisten tal gravedad que es indispensable aplicar sanciones penales para desalentar prácticas que puedan acabar con el balance de los ecosistemas.
Planteó que la instrucción sumarial en materia de delitos ecológicos requiere de la aplicación de nuevas técnicas investigativas y para ello los encargados de los despachos requieren de un entrenamiento especial.
Esto también - explicó - se hace extensivo a los jueces en lo referente a la interpretación de la nueva legislación.
Para poder desarrollar la Ley 41, que fuera aprobada el pasado año, se necesita una buena formación en materia ecológica y reconocer aquellos aspectos en donde existen conflictos entre el desarrollo y la naturaleza.
La Comisión de Población de Ambiente y Desarrollo de la Asamblea Nacional tiene en agenda un proyecto para endurecer las penas relacionadas con la caza furtiva y la pesca indiscriminada de tiburones para obtener sus aletas.
El presidente de esta comisión, el diputado Melquiades Concepción, reveló que se regulará la ley de la cacería deportiva.
Concepción se refirió a informes en donde se establece la existencia de más de 10,000 cazadores que los fines de semana salen a exterminar variadas especies de mamíferos y aves.
Dijo que muchas de las especies, objeto de cacería, están en peligro de extinción y que la mayoría de los cazadores no tienen permiso para desarrollar esta actividad, por lo que la nueva legislación impondrá sanciones a quienes incurran en esta práctica.
En una gira al Parque Nacional Coiba se detectaron embarcaciones dedicadas a la pesca de tiburones, con la finalidad de quitarles sus aletas para luego lanzarlos al mar, actividad que pone en peligro el balance del ecosistema marino.
Las autoridades de ANAM han aplicado multas por más de B/. 300,000 por tala indiscriminada, envenenamiento de ríos, por caza indiscriminada de lagartos.
Los esfuerzos durante este año han permitido una notable reducción de la devastación de áreas boscosas y han obligado a las empresas a respetar los estudios de impacto ambiental.
- Sólo en la provincia de Panamá, las autoridades de la Autoridad nacional del Ambiente (ANAM) han aplicado multas por un monto de B/. 118,000 por la violación de las normas de protección al ambiente.En ese sentido, en la provincia de Darién las multas por tala indiscriminada y otras violaciones alcanzan los B/. 101,966.Mientras que en las provincias de Los Santos y Herrera las multas aplicadas no superan los B/. 7,000 porque hay pocas áreas forestadas.
