El presidente colombiano, Alvaro Uribe, deberá ajustar sus actividades públicas a las restricciones que le impuso una ley de garantías para sus eventuales contendientes en los comicios de 2006, en los que él buscará un segundo mandato.
La obligación del deslinde entre actos de gobierno y de campaña política entró en vigor a falta de seis meses para la primera vuelta electoral de mayo próximo, en la que Uribe buscará reeditar su experiencia del mismo mes de 2002, cuando obtuvo el poder.
Las limitaciones están consideradas en una ley de garantías electorales que el Ejecutivo puso en vigor el pasado jueves, dos semanas después de que la Corte Constitucional la declarara ajustada a la legalidad. "Adelantaré una campaña atípica, en la cual el presidente deberá ser más garante que candidato, en la cual Colombia demandará del presidente más gobierno que campaña", admitió anoche Uribe al informar de su intención de presentarse a la reelección.
El gobernante lo hizo desde la Casa de Nariño, mediante una alocución al país que le tomó menos de cuatro minutos y con la que cumplió justamente uno de los mandatos de garantías electorales.
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