"La reparación total es imposible", sentenció Uribe al referirse a un cuestionado proyecto de ley del gobierno que definirá el castigo a los delitos de los paramilitares, y que propone penas de entre cinco y 10 años de cárcel para masacres, secuestros, torturas y desapariciones, entre otros.
Hablando en un foro sobre víctimas del terrorismo, el mandatario agregó que "en un país que ha sufrido la violencia durante tantos años la mejor reparación es superar ese flagelo, y para lograrlo no podemos ablandarnos ni en los conceptos ni en la acción".
La postura de Uribe es compartida por analistas como Alfredo Rangel, quien ayer señaló que "la impunidad es un tabú que tenemos que ir neutralizando, porque si queremos darle una plena satisfacción a la comunidad internacional, estoy convencido de que no va a haber paz en Colombia".
“Este proceso es para los colombianos, y la comunidad internacional tendrá que ser muy comprensiva con lo que finalmente decidamos aquí".
"Hay que hacer un acto de soberanía y un llamado a la comprensión por parte de la comunidad internacional para que pueda haber paz", indicó el experto en seguridad.
Previendo el resultado de las discusiones en el Congreso -que deberá aprobar la ley que el gobierno denomina de Justicia y Paz-, el politólogo Fernando Giraldo no duda en afirmar que "de esto no va a salir nada más que pura impunidad. No hay nada más que esperar", dijo a la AFP.
Pero Uribe aseguró que la iniciativa -que se suma a otros ocho proyectos de origen parlamentario- prevé una reparación moral y otra pecuniaria, y prometió "hacer todos los esfuerzos para que el texto sea lo mejor posible y para que su aplicación produzca el mejor resultado".
Pese a ser calificada como blanda y una puerta a la impunidad por organismos de derechos humanos, la propuesta oficial enfrenta al gobierno y los paramilitares de extrema derecha.
Por otra parte el presidente Alvaro Uribe ignoró un pedido de dirigentes colombianos para que retire todas las condiciones que ha impuesto para un canje de rehenes por rebeldes de las FARC presos, advirtiendo que no pactará un acuerdo que desmotive a las tropas.
El tema ocupó la atención de ex presidentes reunidos en un foro al que asistió Uribe, en el que le expresaron renovados puntos de vista sobre un acuerdo que también es reclamado por Francia en solidaridad con la dirigente Ingrid Betancourt, quien el martes cumplió tres años de cautiverio.
Los ex mandatarios Ernesto Samper y Alfonso López sugirieron al gobierno desistir de sus exigencias argumentando que, en el caso de los secuestrados, sólo caben consideraciones humanitarias y no políticas.
"El acuerdo humanitario consiste en el intercambio automático de unos prisioneros por otros" afirmó López.
Las FARC además de Ingrid Betancourt, pretenden canjear a tres estadounidenses, 22 políticos y 34 militares y policías -varios de los cuales completan siete años en cautiverio- por unos 500 de sus militantes presos.
Se han desmovilizado 4,500 miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia que, deberá completar el desarme de sus 20,000 hombres.
