Bajo la premisa de que el conflicto colombiano tiene el potencial de una desestabilización continental, el presidente electo Alvaro Uribe inició ayer sus contactos en Washington pisando firme en territorios de las finanzas y la defensa.
Las primeras reacciones no se hicieron esperar. El Fondo Monetario Internacional le expresó su voluntad de ayuda y el Banco Interamericano de Desarrollo dijo que estaba dispuesto a trabajar de inmediato en proyectos de desarrollo social.
Enrique Iglesias, presidente del BID, calificó su encuentro con Uribe como excelente"".
Iglesias dijo que se acordó el envío de una delegación del BID a Colombia en julio para reunirse con el equipo de trabajo del presidente electo y definir áreas para la participación institucional.
Las reuniones en el FMI y el BID significaron para Uribe el punto de partida de una agenda de tres días que incluía entrevistas con el secretario de Defensa Donald Rumsfeld, el secretario de Estado Colin Powell y la asesora de seguridad nacional Condoleezza Rice, así como miembros del Congreso.
Uribe indicó que todos sus interlocutores del día le han expresado una preocupación social"" sobre Colombia y el resto del continente que hay que enfrentar para bien de la equidad en nuestros pueblos y para bien de la democracia"".
Dijo que iba a encarar sus reuniones con Rumsfeld y Rice con la premisa de que el conflicto colombiano puede desestabilizar al continente y que el país requería por ello la continuación de la ayuda estadounidense. El gobierno del presidente George W. Bush ha pedido extender al plano militar la ayuda concedida para la lucha contra las drogas, pero la iniciativa tiene fuertes opositores en el Congreso.
Indicó que los trabajadores bajo ninguna circunstancia aceptarán seguir cargando la situación del PIVM y por lo tanto, rechazarán cualquier propuesta que afecte los intereses de la clase obrera.
En tanto, el empresario y expresidente de la Junta Directiva de la CSS, César Tribaldos, señaló que tiene dudas que la iniciativa resuelva la crisis que se avecina, porque no toca el problema principal, que es la edad de jubilación.
Explicó que ahora los panameños viven mucho más que antes y esto incide en el costo del PIVM.
No obstante, manifestó que la propuesta hay que valorarla porque se desconoce cuánto representan los ingresos de las acciones de los entes privatizados, por lo tanto, se debe incluir en una proyección actuarial y financiera qué impacto tienen esas medidas.
Sobre la sugerencia de revisar el aporte en la cuota obrero-patronal, indicó que "no sé si el sector obrero y patronal están dispuestos a pagar el 16% de su salario".
El representante del Partido Popular ante la mesa del PIVM, Carlos Abadía, expresó que la propuesta del Ejecutivo fue consistente y ahora le toca a la mesa analizar las cifras para tomar decisiones.
"Este fue un acto responsable del Gobierno y antes de dar una opinión en firme se debe estudiar la propuesta", añadió.
Para el director de la CSS, Juan Jované, la proposición tiene cuatro elementos fundamentales: que la solución no pasa por la privatización (excluye cuentas individuales), no se aumenta la edad de jubilación, hay que producir más ahorros en el Programa de Administración y traspasarlo a PIVM y que existe una deuda previsional que proviene del abuso que se ha hecho del sistema (robos, evasores y morosos).
"Finalmente se reconoce que hay una deuda con la institución y el Estado muestra su interés de participar en el cierre de esa deuda, y esto se ha hecho en todos los países", añadió.
Sustentó que todas las propuestas deben ser analizadas en la mesa del Diálogo, tal como lo ha propuesto el Ejecutivo, con la única diferencia que un 62% de la población no tiene "gran cosa que sacrificar", porque devengan salarios bajo la línea de pobreza.
"El 72% de los pensionados y el 62% de los asalariados devengan ingresos que están por debajo de la línea de pobreza, y esa gente hay que ayudarla", agregó.
Explicó que la CSS beneficia casi a dos millones de panameños y la entidad hace un sacrificio grande al brindar esa atención.
Según Jované, la población dependiente en el año 2050 será la misma de hoy, con la diferencia que la mayor demanda será de adultos mayores.
En cuanto a la administración del Fideicomiso, el economista no presentó objeciones porque el mismo sea administrado por el Ejecutivo, pues a su juicio lo importante es el flujo financiero de esas reservas.
Al respecto el representante de la Cámara de Comercio e Industria, Felipe Chapman, indicó que la propuesta merece un análisis para medir el impacto específico que tendrán las acciones de estas empresas en un término de treinta años.
Reiteró la necesidad de que se estudien todas las alternativas viables que le puedan brindar estabilidad a largo plazo al PIVM y no sólo concentrarse en realizar cambios tendientes a resolver el problema por un par de años.
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