En medio de estrictas medidas de seguridad, el presidente Alvaro Uribe trasladó provisionalmente ayer la sede del gobierno a la ciudad de Cúcuta, en una nueva muestra de su voluntad de acabar con el abandono de las regiones por parte del Estado.
Uribe y su gabinete analizarán por dos días con las autoridades locales los problemas de seguridad y económicos que aquejan al departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela. En su primera actividad, el mandatario entregó 184 viviendas sociales a familias pobres del barrio de Torcoroma de esta ciudad de más de 400,000 habitantes.
Visito a Cúcuta en una época particularmente difícil para toda la zona de frontera, con un desempleo muy alto, mucha pobreza y una violencia que ha golpeado tanto a Norte de Santander que tenemos que superar, dijo Uribe en un discurso.
El presidente inició las experiencias de traslado de la sede de gobierno a fines de junio pasado. En esa oportunidad se instaló en Arauca, una de las zonas más conflictivas del país. Dos horas después de la salida del mandatario explotó un carro-bomba que dejó dos heridos leves.
Por eso, la visita de Uribe a Cúcuta se desarrolla en medio de estrictas medidas de seguridad, que incluyen el despliegue de fuerzas especiales, la prohibición al porte de armas, restricciones al consumo de alcohol y al traslado de más de una persona en moto (técnica usada por los sicarios).
Mientras el presidente encabezaba esta ceremonia, la ministra de Defensa, Martha Lucía Ramírez y la cúpula militar iniciaron un consejo de seguridad en esta ciudad, ubicada a 400 kilómetros al noreste de Bogotá, para revisar la complicada situación de la zona.
Esta región fronteriza con Venezuela es objeto de una intensa disputa entre los grupos guerrilleros y paramilitares por el control de miles de hectáreas de coca.
Por otro lado, el gobierno de Colombia persistirá en las operaciones militares de rescate de secuestrados, aseguró ayer el vicepresidente Francico Santos, al reaccionar a la difusión del video en el que la ex candidata presidencial, Ingrid Betanourt se manifestó a favor de esas intervenciones.
"El gobierno va a intentar sacar a todos los colombianos que están secuestrados de ese hueco, obviamente con todas las precauciones. El gobierno lo ha dicho no desde ahora, sino desde mucho antes", declaró Santos en la ciudad de Medellín, 400 km al noroeste de Bogotá.
En tanto, la guerrilla colombiana del ELN criticó un proyecto de ley del gobierno del presidente Alvaro Uribe para dar libertad condicional a miembros de grupos armados ilegales que se acojan a un proceso de paz, por considerar que la iniciativa favorece a los paramilitares de extrema derecha.