El depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya, pidió este sábado a los cancilleres [ministros de exteriores] de los países miembros de la OEA, que aumenten las sanciones contra el Gobierno 'de facto' ante el estancamiento del diálogo que busca una salida a la crisis causada por el golpe de Estado del 28 de junio pasado.
Zelaya dijo, en un comunicado, que ha decidido "invitar de manera inmediata a los cancilleres de la Organización de Estados Americanos (OEA) a aumentar las medidas comerciales y económicas que condenan al régimen de facto", que preside Roberto Micheletti.
Condenó "la burla y la bofetada que el señor Micheletti" ha propinado "al pueblo hondureño y a la comunidad internacional, boicoteando el diálogo y usándolo como método de dilación para mantenerse arbitrariamente en el poder".
Por otra parte, Zelaya llamó al movimiento popular de resistencia que le respalda "a mantenerse firme hasta lograr un triunfo en el menor tiempo posible para el pueblo y una derrota para la dictadura".
Rechazó "que se militarice la sociedad y que el presidente de Honduras sea nombrado en las cúpulas de las Fuerzas Armadas".
Planteamiento.
Tras el desacuerdo, Micheletti presentó ayer mismo otro planteamiento, cuyo contenido no revelaron las delegaciones, que acordaron hacer consultas este fin de semana y reunirse posiblemente el próximo lunes.
El ministro de la Presidencia, Rafael Pineda, defendió que la CSJ falle sobre la restitución de Zelaya porque ventila los procesos contra este por delitos políticos, relacionados con la Asamblea Constituyente que promovía mediante una consulta que iba a celebrar el 28 de junio y que había sido declarada ilegal.
Además, Zelaya enfrenta acusaciones por fraude y otros delitos por la emisión de un decreto para la contratación de publicidad, que fue ilegal, según el Ministerio Público.
"El Congreso Nacional no puede resolver los asuntos que competen a otro poder del Estado", aseveró Pineda.
El jefe de la comisión de Zelaya, Víctor Meza, sostiene que el Parlamento "es el espacio natural para resolver los problemas políticos, no los tribunales".
