La violación de los derechos humanos en Panamá generó condenas para el Estado por 22 millones 365 mil dólares, en un periodo de 11 años. A esto se suma un acuerdo por 631 mil dólares en la cual se decidió no esperar la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El Ministerio de Economía y Finanzas reveló que el Estado de Panamá tiene pendiente de pago 5.3 millones de dólares en condenas de derechos humanos.
Roberto Troncoso, expresidente del Comité Panameño por los Derechos Humanos, señaló que en los casos donde se ha sancionado a Panamá, las violaciones provienen en su mayoría del sector de la fuerza “casi siempre de la policía, fiscales, inteligencia, investigadores”.
“Hace falta que en el país, jueces y magistrados conozcan un poco más sobre de la legislación internacional de derechos humanos”, indicó Troncoso.
A igual que Troncoso, el sacerdote vinculado a la Coordinadora Panameña de los Derechos Humanos y al Comité de Familiares de Desaparecidos durante la dictadura militar, Conrado Sanjur, advirtió que en Panamá se requiere de mayor educación referente a los derechos humanos, dirigida a la ciudadanía.
Los registros de la CIDH dan claridad de las sanciones económicas que se han impuesto a Panamá.
El 2 de febrero de 2001, la CIDH condenó al Estado panameño por el caso Baena Ricardo; también lo hizo por el caso Heliodoro Portugal, el 12 de agosto de 2008, padre de la actual defensora del pueblo, Patria Portugal.
En enero de 2009 la CIDH también condenó a Panamá en el caso Tristán Donoso, similar sentencia se dio contra el país en el caso Vélez Loor, el 23 de noviembre de 2010.
Para evitar una nueva sanción, las autoridades panameñas en octubre del 2011 acordaron con los familiares de Rita Wald un acuerdo económico, mediado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, por 631 mil dólares, monto que aún no ha sido pagado.
Sanciones.
En el caso Baena Ricardo y Otros, relacionado a los 270 funcionarios públicos destituidos en diciembre 1990 por el gobierno de Guillermo Endara, bajo la implementación de la Ley 25, la CIDH declaró el 18 de noviembre de 1999 que Panamá debía pagar a los trabajadores los montos correspondientes a los salarios caídos y demás derechos laborales correspondiente.
Fueron 21.9 millones de dólares los dispuestos por el Estado para hacer frente a la sentencia. El pago se efectuó a través de cuatro partidas, la primera de ellas fue por 6.9 millones de dólares en el 2008 y el resto durante los años 2009, 2010 y 2011.
Sin embargo, el MEF informó que en el caso de los trabajadores del antiguo IRHE (Instituto de Recurso Hidráulicos y Electrificación), aún les queda pendiente pago 4.8 millones de dólares.
Portugal.
Otro caso que perdió el Estado de Panamá fue la demanda por la muerte y desaparición forzada de Heliodoro Portugal.
La CIDH emitió una sentencia económica el 12 de agosto de 2008 por la suma de los 256 mil dólares, en concepto de indemnización por daños materiales, daños inmateriales y costos y gastos.
La indemnización estuvo dirigida a la viuda de Portugal, Graciela De León y sus hijos Franklin Portugal y Patria Portugal.
Por otra parte, el Estado panameño fue condenado el 27 de enero de 2009 por interceptar, grabar y divulgar una conversación telefónica. La CIDH consideró que Panamá violó el derecho a la vida privada y el derecho al honor y reputación.
La condena fue por 30 mil dólares que se debió pagar al abogado Santander Tristán Donoso, en concepto de daños inmateriales y gastos incurridos.
La más reciente condena contra Panamá fue por la demanda presentada por el ecuatoriano Jesús Tranquilino Vélez Loore. La CIDH consideró el 23 de noviembre de 2010 que el Estado de Panamá violó el derecho a la libertad personal, garantías judiciales, derecho a la vida privada, principio de legalidad e integridad personal de Vélez Loore.
Por estas violaciones Panamá recibió una sanción por el orden de los 59 mil dólares, correspondientes a pagos por tratamiento de atención médica y psicológica, indemnización por ingresos dejados de percibir, reembolso por gastos, compensación por daños inmaterial a favor de Vélez Loor.
En este caso Panamá también tuvo que pagar 24 mil dólares al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), por violación a derechos humanos.
de sanciones a Panamá
- de febrero de 2001 Panamá recibió su primera sanción por violación a los Derechos Humanos.
- de agosto de 2008 se produce la segunda sentencia de la CIDH contra Panamá,
- de enero de 2009 Panamá volvió a recibir condena por otra violación a los Derechos Humanos.
