Jorge Federico Lee, abogado del Estado panameño en el caso que se ventila ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por el supuesto despido arbitrario de 270 trabajadores durante la administración de Guillermo Endara, indicó ayer que a este organismo no le compete juzgar situaciones laborales en Panamá, pero que lo hace porque al desaparecer los auténticos casos de violaciones de derechos humanos (asesinatos, torturas, desapariciones) en el Continente, esta instancia jurídica podría quedarse sin trabajo.
Precisó que la CIDH, con sede en Costa Rica, está tratando el caso panameño para justificar su existencia y buscando sentar un precedente para abrir el camino a demandas de carácter económico, social y cultural, alegando que constituyen violaciones de derechos humanos.
"Con este juicio se pretende que la Corte Interamericana de Derechos Humanos revise un caso laboral, que ya fue decidido por la Corte Suprema de Justicia de Panamá, declarando que las destituciones de los 270 trabajadores públicos era legal", destacó el jurista.
Agregó que se ha señalado categóricamente que la Corte Interamericana sólo debe analizar si hubo o no violación de los derechos humanos y que no es un tribunal competente para revisar los aspectos laborales panameños.
Manifestó además que la posición de la República de Panamá, ha sido enérgica "hicimos la presentación quizás más contundente, clara y mejor preparada en la historia de la CIDH y esperamos desde luego que esta se pronuncie en derecho y emita un fallo denegando la demanda interpuesta por la comisión".
A juicio de Jorge Federico Lee, lo grave e importante de este juicio, es que no es una crítica al gobierno de Guillermo Endara ni a ningún otro gobierno, sino que es una demanda contra la República de Panamá.
Los resultados de este juicio si son adversos van a afectar negativamente a nuestro país y a todos los panameños, en primer lugar la imagen internacional del país y si hay condena pecuniaria, la pagarán todos los panameños, terminó diciendo el abogado defensor del Estado panameño.
En tanto, los trabajadores despedidos con la Ley 25 de 1990, no están dispuestos a llegar a un acuerdo con el gobierno panameño, pero en caso de que se tenga que llegar a esta decisión, debe ser con el aval de la CIDH, como una forma de garantizar el cumplimiento de lo acordado, señaló Rolando Gómez, vocero de las víctimas.
Esperan que con arreglos o no, en agosto próximo, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ordene a Panamá pagar a los trabajadores una "justa indemnización" que incluya el pago de daños materiales y un estimado por los daños morales provocados a los obreros, expresó Gómez.
Los afectados por la ley estiman que el gobierno panameño debe pagar aproximadamente unos 200 millones de dólares a 270 trabajadores, de los cuales 155 laboraban en el IRHE, 58 del INTEL, 32 del IDAAN, 8 del MOP y de otras entidades como Cemento Bayano, del Ministerio de Educación y el INRENARE.
Gómez aclaró que este no es un caso laboral, sino un típico juicio por violación de los derechos, ya que inclusive se ha hecho un cerco de hambre contra los trabajadores que para muchos aún permanece y en algunos casos las "víctimas ya han fallecido".
Recalcó que los trabajadores no correrán el riesgo de negociar con el gobierno fuera de la Corte, porque no hay garantía alguna de que el "Estado panameño cumpla su palabra", pero si es dentro de ese parámetro, "estamos anuentes a conversar, porque es lamentable que Panamá sea sentada en el banquillo de los acusados, pero no por irresponsabilidad de los trabajadores, sino de los malos políticos".
En estos momentos, la Corte Interamericana ha dado un mes a "Panamá para que presente su alegato, escrito final de este caso", por lo que no se descarta que el gobierno ante la inminente condena, trate de establecer un acercamiento con los trabajadores.
Gómez recordó que como consecuencia de la destitución de los trabajadores, hubo desintegración de hogares, casas perdidas, educación universitaria truncada, divorcios y hasta muerte de algunos de los trabajadores.
También piden que en base a la Convención Americana de los Derechos Humanos se respete el derecho que tienen las víctimas de declararse satisfechos con la indemnización recibida.
La fuente indicó que después de la audiencia que se realizó en San José, Costa Rica, la embajadora de Panamá en ese país, le informó a las víctimas que habría la posibilidad de establecer alguna conversación con la misma presidenta de la República, Mireya Moscoso, pero de allí no ha pasado nada, afirmó.
Aclaró que el fallo de la Corte es inapelable y que una posible apelación en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, no cabe porque ella sólo admite apelación cuando se trata de Estados contra Estados.
