Abogado de Pérez B. no sabe de qué lo acusan

Corresponsal

Washington-. Una de las más contundentes cosas que han salido de la revelación de que Estados Unidos revocó la visa del expresidente panameño Ernesto Pérez Balladares, es la que reafirma el derecho de los funcionarios consulares de este país de no divulgar los fundamentos de su decisión.
"El cónsul es dueño y señor de ese acto y eso puede caer en la más absoluta arbitrariedad", declaró Gregory Craig, uno de los abogados que representan al exmandatario en esta capital.
"Esta práctica está reñida con nuestro principio del derecho de réplica", indicó el abogado en una entrevista con el corresponsal de El Panamá América. "Lo peor es que contra esa decisión no parece haber recurso", dijo.
Craig es el abogado de Bill Clinton que fue ensalzado por la prensa de Estados Unidos por su brillante defensa del presidente en la fallida tentativa del ala más conservadora del Partido Republicano de procesarlo por haber mentido en referencia a su relación con Mónica Lewinsky. También dirigió la estrategia de la Casa Blanca para devolver al balserito cubano Elián González a su isla natal.
El abogado, junto con su colega David Povich, asumió la defensa de Pérez Balladares a fines del pasado año cuando lo representó ante el Departamento de Justicia, que decidió examinar los cargos anunciados por la exdirectora de Seguridad, Samantha Smith, que sostuvo que el exmandatario estaba implicado en una "conspiración" para otorgar visados a ciudadanos chinos que supuestamente podían pasar ilícitamente de Panamá a Estados Unidos, cobrando 12,500 dólares por cada uno.
"Puedo asegurarle que el Departamento de Justicia declaró a Pérez Balladares inocente de todos los cargos, habidos o por haber", apuntaló Craig.
"Quedó completamente exonerado de todos los cargos", insistio. "El problema surgió porque el cónsul en Panamá no quedó convencido. Ahora nos enfrentamos a la incógnita de que no sabemos de qué se le acusa", señaló.
Craig descarta los cargos de Smith reiterando que la funcionaria pudo haber "inventado" las acusaciones "para desquitarse porque fue despedida" de su alto cargo en el gobierno del PRD.
Craig, Povich, y los abogados que representan a Pérez Balladares en Panamá, concuerdan en que todos los 137 chinos que recibieron las visas permanecieron en Panamá -con una sola excepcion- y que ninguno "saltó" a Estados Unidos.
"Entiendo que falta una sola persona", señaló Craig. "Se trata de una anciana que regresó a China porque había muerto su madre".
Para algunos juristas, la revocatoria de una visa a funcionarios de otros países rebasa criterios estrictamente legales. Quizás el más espectacular en recientes años fue la suspensión del visado del presidente de Colombia, Ernesto Samper, por disposición de un funcionario del Departmento de Estado que desató el escándalo de una contribución de seis millones de dólares a la su campaña electoral, cosa que en ese país no era ninguna novedad. La tesis del departamento era que Samper no iba a sobrevivir ese desaire. Por otra parte, algunos políticos colombianos están convencidos de que el presidente Liberal fue fortalecido por la acción del departamento.
Desde tiempos inmemoriales, el cuerpo consular del Departamento de Estado, así como el Servicio de Naturalización e Inmigración del Departamento de Justicia, gozan de un alto grado de autonomía. En el caso de los cónsules, éstos tienen pleno poder para otorgar o denegar visados de una manera completamente independiente de la autoridad de los embajadores.
Esta práctica fue particularmente discutida durante los años más álgidos de la Guerra Fría, cuando el cuerpo consular, animado por el Congreso, negó millares de visas a personas consospechas de tener lazos con los comunistas u otros partidos de izquierda. Entre éstos estaban los escritores Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes, así como el famoso flautista italiano Severino Gazzeloni, y numerosos otros intelectuales y artistas europeos y latinoamericanos.
El caso de Fuentes causó gran revuelo en 1964, cuando debido a la decisión del cónsul en México de negarle el visado, el entonces procurador Robert Kennedy y el senador William Fulbright, decidieron crear un mecanismo alterno mediante el cual el procurador diseñó un sistema para que el Departamento de Justicia otorgara una "exención" para anular la decisión consular en ciertos casos específicos.