Un grupo de abogados presentó ayer ante el Ministerio Público una denuncia por la posible violación de los derechos humanos de las personas detenidas durante la Operación Mano Dura.
El abogado Luis De León Arias sostuvo que el procurador José Sossa debe investigar el paradero de las 2,000 personas detenidas en el operativo.
También aseguró que es necesario determinar a qué centros penitenciarios fueron llevados los detenidos.
Consideró indispensable establecer si a los detenidos se les permitió tener acceso a asistencia legal o si aún permanecen recluidos.
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