El presidente del Colegio Nacional de Abogado, Carlos Vásquez, estimó que los jueces y magistrados deben sancionar a aquellos funcionarios públicos que no cumplen con las órdenes judiciales e incurren en desacato.
Vásquez sostuvo que existen casos como el del abogado Candelario Santana, quien presentó un recurso de desacato contra el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) hace 17 meses para que se le pagara un bono de B/.3.6 millones concepto de honorarios por la representación de trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) durante su proceso de privatización.
Aseguró que incluso algunos funcionarios llegan al extremo de desconocer las órdenes de la Corte de hacer pública información no restringida. Sostuvo que en estos casos ni siquiera se aplican correctivos a quienes incurren en estas faltas.
Sostuvo que existe un cúmulo de situaciones en donde las órdenes judiciales no son atendidas y que incluso los funcionarios desatienden los señalamientos de quienes fungen como asesores legales sobre la gravedad de estos hechos.
Por su parte, el abogado Candelario Santana aseguró que ha presentado cuatro impulsos procesales para lograr la evacuación rápida de su recurso y que se ordene al MEF cumplir con el pago de dinero que mantiene bajo custodia.
Santana sostuvo que no existe justificación para que los magistrados de la Sala Tercera no resuelvan el desacato presentado, cuando todas las instancias judiciales se han pronunciado a favor de sus pretensiones.
Añadió que una vez resuelto el recurso considerará la presentación de una demanda por daños y perjuicios contra las personas que han violentado el debido proceso y lo han mantenido congelado.
El pasado lunes la Sala Tercera Contencioso Administrativa sancionó al alcalde de San Miguelito Rubén Darío Campos al pago de B/.1,000 por incumplir una orden emitida por esa corporación de justicia para suspender una serie de construcciones en el Parque Forestal Los Andes #2.
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