La aplicación de acciones drásticas y enérgicas contra los funcionarios públicos corruptos, el fortalecimiento institucional y mejorar la calidad del servicio en la administración de la justicia, fueron algunas de la conclusiones a las que llegaron los participantes de VIII Congreso de Procuradores, fiscales y personeros.
Rosendo Miranda, fiscal de Drogas, quien dio las palabras de clausura, señaló que entre los puntos relevantes discutidos durante el evento, lo fue la necesidad de iniciar un proceso de transformación para la estructuración de un sistema judicial decente, íntegro, confiable y efectivo que permita estar a la altura de las expectativas ciudadanas.
Estimó que es necesario realizar un diagnóstico de las causas que favorecen la corrupción, observar las áreas de mayor vulnerabilidad, sobre todo, aquellas en donde se producen mayores quejas de los operadores de justicia.
A la vez consideró que el tema de las pandillas juveniles, expuesto por Donald Stephen Gosselin, es necesario rescatar sus consideraciones en cuanto a la aplicación de mano dura en estos casos, la intervención de las pandillas y la prevención que se refiere a la aplicación de programas para la rehabilitación de los delincuentes juveniles.
También detalló que el Ministerio Público es un organismo que requiere de muchos recursos para realizar una actividad eficiente. Precisó que en los últimos años se han realizado notables progresos, pero que la demanda ha crecido de manera constante.
El fiscal Miranda también puntualizó la necesidad de la aplicación de una justicia rápida y expedita para la satisfacción de la sociedad y ante la gran demanda registrada en los despachos judiciales, que debe ser resuelta con prontitud y solvencia.
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