Acabará impunidad de jóvenes delincuentes

El ministro de Gobierno y Justicia, Aníbal Salas, advirtió que buscará los mecanismos legales para acabar con la "delincuencia juvenil", ya que si los jóvenes tienen madurez para participar en actos violentos, también deben enfrentar las sanciones que se aplican a los mayores de edad.
Paralelamente a esto, el cuerpo de un exfuncionario del Departamento Nacional de Investigaciones (DENI), que actuaba como informante de la Policía Técnica Judicial y de la Agencia Norteamericana Antidrogas (DEA), fue ubicado ayer en las inmediaciones de Villa Belén, Cerro Azul.
De acuerdo con los informes de la División de Homicidios, el cuerpo presuntamente corresponde a Ramón Ernesto González, quien previamente había sido reportado como desaparecido desde el pasado 23 de julio. La víctima fue ajusticiada, debido a que estaba amarrado de manos y tenía el rostro cubierto.
En tanto, Salas se reunió ayer con los diferentes directores de los organismos de seguridad, entre ellos, de la Policía Nacional, el Servicio Marítimo Nacional, del Servicio Aéreo Nacional, del Servicio de Protección Institucional y del Consejo de Seguridad Nacional y uno de los temas tratados fue el relacionado con la participación de menores de edad en actos de violencia, principalmente homicidios.
Indicó que en coordinación con los organismos de seguridad analizan la elaboración de un proyecto de ley dirigido a introducir las reformas a la Ley 40 de 1999 y que en principio debe ser aprobado por el Consejo de Gabinete para presentarlo a la Asamblea Legislativa.
Aunque casi a diario los medios informan de asesinatos, Salas defendió el papel que realizan los organismos de seguridad y dijo que la mayoría de los actos de delincuencia guardan relación con aspectos pasionales, familiares que indican la ausencia de los "valores familiares".
Por su parte, el legislador arnulfista Marcos González, quien ha manifestado su interés en que se apliquen sanciones más severas a los menores que se ven involucrados en homicidios, apoyó la iniciativa destacando que entre 1999 y lo que va del presente año, se han producido 165 homicidios en donde están involucrados menores.
Agregó que de ese total, se han registrado 120 asesinatos cometidos por menores reincidentes, lo que a juicio del legislador amerita que los jóvenes homicidas sean castigados con la pena máxima que es de 20 años.
Igualmente sostiene que el 60% de los menores de edad involucrados en asesinatos, tiene un nivel de escolaridad de primer ciclo, lo que indica que éstos tienen pleno conocimiento de la magnitud de sus actos.
Agregó entre 1989 y el 2002 un total de 90 transportistas ha perdido la vida y el 90% de ellos fueron víctimas de menores de edad y adicionalmente un alto porcentaje corresponde a jóvenes que debido a la ley logran su libertad y vuelven a las calles a matar.
De acuerdo con la Ley 40 de 1999, los menores solo pueden ser condenados a penas que no excedan los cinco años, pero cuando cumplen la mayoría de edad son liberados, porque no pueden ser enviados a centros de reclusión para adultos.
En tanto la ministra de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia, Alba Tejada de Rolla, y la gobernadora de la provincia de Panamá, Irlena Brown, coincidieron en que aumentar las penas a los menores infractores no solucionaría el problema de la delincuencia en Panamá.
Tejada de Rolla manifestó que no está de acuerdo con el planteamiento, pero sí consideró la necesidad de introducir algunas reformas a la citada ley.
Sostuvo que el aumento de la pena no es lo que educará a una persona que haya cometido un delito, más bien hay que desarrollar planes para evitar la delincuencia y la resocialización de quienes delinquen.
Aclaró que quienes cometen un delito deben pagar por ello, pero duplicar las sanciones alegremente no soluciona el mal.
En tanto, la gobernadora Brown indicó que aumentar las penas no garantiza que los menores no vuelvan a delinquir y citó como ejemplo a los países que tienen sanciones severas a los menores infractores donde las cifras no han disminuido.
Explicó que para hacerle frente a este dilema hace falta la cooperación de todos los sectores en vista que se trata de un problema nacional.