Un nuevo actor se sumó a la polémica adjudicación del terreno en Paitilla, cuando ayer, el Consejo de Gabinete Extraordinario aprobó una resolución, a través de la cual se instruyó al ministro de Economía y Finanzas, Alberto Vallarino, a ejecutar acciones para determinar la condición de Bien Oculto, del lote del Estado adjudicado al vendedor de flores, César Segura.
A través de la declaratoria de Bien Oculto, se revierte la propiedad al Estado, luego de cumplido el procedimiento que se establece en el Código Fiscal.
Bajo este concepto se evita perjudicar al Estado, tomando medidas precautorias inmediatas a efecto de que se saque del comercio la propiedad.
La medida adoptada por el Consejo de Gabinete se dio posterior a que el presidente de la República, Ricardo Martinelli, asegurara que el terreno localizado en Paitilla hay que “revertirlo o expropiarlo. No sé cuál es el término”, señaló.
De lo que sí estuvo seguro el mandatario fue en afirmar que no se pagará ni un centavo por la recuperación del lote entregado a Segura.
Manifestó que en el globo de terreno se construirá un parque nacional, “extensión de la Cinta Costera”, y si los propietarios quieren pelear, cuentan con los tribunales panameños para hacerlo.
La decisión del Consejo de Gabinete parece haber tomado en cuenta los señalamientos que recientemente hicieran expertos en el área constitucional a Panamá América, en cuanto a que la expropiación no era la vía más apropiada para recuperar estas tierras, debido a que generaría un proceso contencioso administrativo que podría finalizar con la indemnización de las partes afectadas.
Reacciones. La polémica surgida en torno a la discutida adjudicación del terreno provocó que empresarios aglutinados en la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) y la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), pidieran a las autoridades que realicen una exhaustiva investigación y que se tomen los correctivos para evitar lesiones y pérdidas en el patrimonio del Estado.
Los comerciantes, a través del presidente de la CCIAP, Federico Humbert Arias, abogaron porque en Panamá impere la seguridad jurídica y la protección de los bienes que son de todos los panameños.
Otra figura que se sumó a los críticas fue el excontralor General de la República, Alvin Weeden, quien
afirmó que en este caso se está en presencia de una lesión patrimonial, del terreno más valioso de Punta Paitilla.
Weeden, en declaraciones a Radio Panamá , reiteró su llamado al ministro de Economía y Finanzas para que proceda a abrir el proceso de oficio cuanto antes, “para evitar que alguien ponga la denuncia de bien oculto y tenga derecho la recompensa del 30% cuando se rescate”.
Acciones. En tanto, los abogados Víctor Martínez y Rogelio Cruz presentaron ayer una denuncia formal de "Bien Oculto del Estado" en el MEF contra la empresa Segura Ventures Inc. por los polémicos terrenos en Punta Paitilla.
En la denuncia, Martínez y Cruz acusan a Francisco Pérez Ferreira, presidente y representante legal de la sociedad, para que devuelva la finca 350801 inscrita al Documento 2008399, de la sección de Propiedad de Panamá, cuyo valor catastral es de 11 millones 367 mil 581 dólares con 4 centavos.
La cuestionada adjudicación ha motivado severas críticas contra el actuar de la dirección de la Autoridad Nacional de Titulación de Tierras (ANATI), por parte de políticos como el diputado panameñista José Isabel Blandón y Alberto Vallarino, titular del MEF. En su momento, Vallarino expresó “no es muy agradable decir ‘se lo dije’, pero lo que mal empieza, mal termina”.
Decisión del Gabinete evita pago
En entrevista ofrecida a Panamá América, César Segura mencionó que de aplicársele la expropiación, levaría su caso a los tribunales en busca de una indemnización de 11.3 millones de dólares.
La medida tomada por los representantes del Ejecutivo procura, al máximo, evitar el pago de una indemnización al vendedor de flores, propietario de un lote de terreno valorado en más de 11 millones de dólares.
Expertos en el orden constitucional habían advertido que “la expropiación llevaría al pago de una indemnización”, por lo que recomendaban otra alternativa.
Entre ellas, sugerían la de presentar el caso ante el Ministerio Público para que se efectuara una investigación, con el fin de que se declarara nula la resolución a través de la cual se entregó el terreno a Segura.
Esta opción permitiría determinar, por medio de las averiguaciones, que se cometieron irregularidades en el otorgamiento de la titulación del exclusivo terreno en Paitilla y se sancionara a los culpables.
