El Grupo Independiente por el No (GINO) repudió la derogación del Decreto Ejecutivo No. 59 de 2000 que reglamenta el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), alegando que la nueva disposición legal exime a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) de la presentación de un estudio de impacto ambiental.
La agrupación argumentó que el megaproyecto no cumple con la presentación del EIA, previamente aprobado por la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), toda vez que no se realizó el foro público obligatorio que exigía el recién derogado Decreto para las obras identificadas como "categoría III", antes de que convocaran a los ciudadanos a emitir su voto en el referéndum.
"Esta es una manera habilidosa que riñe con la transparencia, porque exime a la ACP de la presentación del referido estudio que tiene el propósito de proteger el medio ambiente, cuando un megaproyecto pudiese tener consecuencias de daños irreversibles al sistema ecológico", manifestó Neftalí Jaén, representante de GINO.
Entretanto, Bolívar Zambrano, director nacional de Ordenamiento Ambiental de la ANAM, refutó estos señalamientos y resaltó que estos cambios no guardan relación con el megaproyecto.
El funcionario precisó que la nueva reglamentación viene desarrollándose desde el año 2004, y según dijo, "este proceso se da para ajustar las normativas a las nuevas realidades".
Estos señalamientos no convencieron a Jaén, quien insistió en que la nueva norma abre el compás a la ACP para que establezca los beneficios o perjuicios que conlleva la expansión de la vía acuática, mediante un tercer juego de esclusas.
Mientras que el abogado y ambientalista, José Santos, apuntó que con el nuevo decreto la ANAM se reserva el derecho de solicitar al promotor el cambio de la categoría.
"Si bajo la normativa anterior los consultores y promotores presentaban proyectos con una categoría inadecuada y la ANAM no la modificaba, con la actual menos lo hará", indicó el ambientalista.
Santos explicó que la nueva disposición "burocratiza" y desalienta la participación de la ciudadanía en el proceso de EIA.
