Actualizan datos de bandas

LOS OPERATIVOS antipandillas registrados por funcionarios del Ministerio Público y la Policía Nacional en Curundú y El Chorrillo, fueron para advertirles a estos grupos las consecuencias que trae el estar vinculados a actos delictivos, revelan informes obtenidos en el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y el Ministerio de Gobierno y Justicia.
Olga Gólcher, ministra de Gobierno y Justicia, quien asistió ayer a una reunión de coordinación en materia de seguridad, dijo que los operativos sirvieron para actualizar la base de datos de los jóvenes vinculados a pandillas y a otros hechos delictivos.
Expresó que igualmente sirvió para que los jóvenes conocieran la formalidad de la nueva ley antipandillas y las sanciones que existen para aquellas personas relacionadas con estos grupos.
El sociólogo y jefe de la Oficina de Desarrollo Social del MIDES, Gilberto Toro, dijo que durante el tiempo que los pandilleros estuvieron detenidos se les habló sobre oportunidades versus consecuencias.
"Por parte nuestra se les habló de oportunidades; por parte de Gobierno y Justicia se les habló sobre las consecuencias de la nueva ley antipandillas", añadió.
El MIDES propuso cuatro aspectos para lograr la resocialización de estos jóvenes: el incluirlos en programas escolares, ya que la mayoría de ellos desertó de las escuelas; ayudarlos a dejar el consumo de drogas, a través de programas patrocinados por organismos que tienen ofertas de rehabilitación; ocuparlos en labores sociales en la comunidad y en eventos deportivos.
Para el sociólogo la liberación de estos jóvenes fue lo mejor, pues no se está preparado para tener tantos muchachos detenidos por más de dos días. "Si la sociedad quiere detención, va a tener que invertirse porque no hay dónde ni cómo".
Otra de las dificultades para mantener los arrestos fue el poco tiempo que tuvieron las autoridades para hallar evidencias que vincularan a los detenidos a hechos delictivos, agregó Gólcher.
"El problema fue que se aprehende o detiene a una persona, pero si en un término de 24 horas que tiene para formularle cargos no se tienen evidencias, no puede seguir presa", expresó.
Por su parte, el Fondo de las Naciones Unidades para la Infancia (UNICEF) mira con preocupación la corriente que promueve en Centroamérica el aumento de penas para los menores infractores, porque considera que no resuelve el problema, puesto que no combate sus causas estructurales. Destaca que las políticas represivas que han ejecutado los gobiernos centroamericanos para combatir este problema, además de no ser efectivas, representan una "flagrante violación" de los derechos humanos.
Sostiene que las estadísticas revelan que los menores no son los responsables de la criminalidad, sino sus principales víctimas.