En una discusión que no duró más de cinco minutos, el pleno de la Asamblea Legislativa aprobó ayer de manera unánime un proyecto de ley mediante el cual se ratifica un acuerdo entre Panamá y Estados Unidos (EU) que prohíbe que militares u otros funcionarios de estos países sean entregados a la Corte Penal Internacional para ser juzgados por genocidio, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.
La iniciativa fue aprobada en primer debate el miércoles, ese mismo día el peno legislativo aprobó otorgarle la categoría de "urgencia notoria" para agilizar su discusión y ayer los legisladores lo aprobaron en segundo debate.
El tema central o básico de este acuerdo es la prohibición de entregar o trasladar a militares, funcionarios o empleados de cualquiera de estas naciones a un tercer país con el fin de entregarlas a la Corte Internacional de Justicia para ser juzgados por crímenes de guerra.
Después de la aprobación del proyecto de ley en segundo debate, se espera que el próximo lunes se someta a consideración del pleno legislativo para su aprobación en tercer debate.
Al momento que se discutió el proyecto en segundo debate, ningún legislador se mostró en contra de esta iniciativa, pues los presentes golpearon su curul en señal de aprobación de este proyecto y nadie pidió siquiera verificación de la votación.
En la exposición de motivos de este acuerdo internacional, se señala que este convenio tiene la intención de complementar y no de suplantar el acuerdo que creó la Corte Penal Internacional.
EU ha firmado acuerdos bilaterales como este con más de treinta países después que el 17 de julio de 1998 se creó el estamento que tiene entre sus funciones principales juzgar a quienes cometan crímenes de genocidio, lesa humanidad y otros que tengan trascendencia internacional.
