El compromiso de los diputados superó las exigencias de grupos indígenas opuestos a los resultados del diálogo y anoche aprobaron, en primer debate, los artículos consensuados del proyecto de ley 415, que establece un régimen especial para la protección de los recursos naturales de la comarca Ngäbe-Buglé.
En la sesión, que duró más de cuatro horas, se dio un periodo de consulta, en la que los dirigentes de bases cuestionaron y desacreditaron los acuerdos firmados por la cacica y la coordinadora, afirmando que salieron a las calles para exigir que el artículo 5 del proyecto fuera reintegrado en su totalidad y no en la forma como quedó.
Según Liborio Miranda, quien salió a las calles a protestar, los ngäbes están tristes por confiar en dirigentes que “se les voltearon”.
Por su parte, el presidente del Congreso Tradicional, Celio Guerra, solicitó que el tema hídrico fuera excluido de la propuesta, lo que no fue avalado por los diputados.
El líder de la coordinadora por la defensa de los recursos naturales de la comarca, Rogelio Montezuma, defendió los frutos del diálogo, al destacar que se logró que sea el pueblo el que tenga la última palabra sobre el futuro de un proyecto hidroeléctrico por medio de un referendo.
Según Montezuma, muchas veces se dan interpretaciones sobre este tema no para orientar sino para confundir, por lo que solicitó a quienes critican los acuerdos que no generen más incertidumbre.
“No nos prestemos para confundir más a aquellos que no han tenido la oportunidad de conocer a fondo de qué es lo que estamos buscando con este régimen especial”, agregó.
La comisión, con la votación afirmativa de los seis diputados que se encontraban presentes, aprobó incluir los ocho nuevos artículos, que, sumados a los otros ocho aprobados en enero pasado, suman 16 enunciados sobre el régimen especial.
Una vez aprobado, el presidente de la comisión, Raúl Hernández, lo devolvió al pleno de la Asamblea para que sea discutido en segundo debate con carácter de urgencia notoria.
Dentro de la propuesta, se prohíbe la explotación de actividades mineras en la comarca y áreas anexas, y se deroga la Ley de Cerro Colorado, en lo referente a la minería.
Mientras, en relación con los proyectos hidroeléctricos deberán ser aprobados por los respectivos congresos donde se pretendan construir y después ser sometidos a un referendo.
