Acusaciones que abrieron las puertas del "infierno judicial"

HACE SEIS meses, el arzobispo de Panamá, Monseñor José Dimas Cedeño hizo un diagnóstico espiritual de la justicia panameña, al asegurar que sólo "un exorcismo pondría fin al infierno jurisdiccional" en que se había convertido el Órgano Judicial.
Tras sonados escándalos de corrupción suscitados a lo interno del poder judicial, se confió a la Comisión de Estado por la Justicia la responsabilidad de sofocar las "llamas" a las que hacía referencia el pastor de la Iglesia Católica panameña.
Su capacidad para llevar a cabo esta empresa, será probada cuando entregue un informe con sus consideraciones para sacar a flote la justicia panameña. No obstante, quienes ansiaban la llegada del sábado 10 de septiembre, fecha destinada para que la Comisión emita sus consideraciones, tendrán que esperar una semana más.
Dos días atrás, se conoció que el plazo de 180 días con que contarían los miembros de la comisión para conversar sobre la anunciada crisis judicial panameña, se extenderá hasta el 16 de septiembre.
Los representantes del organismo aseguran que ahora "tendrán más tiempo" para deliberar; sus detractores lo interpretan como un intento por dilatar las discusiones y "buscar los intereses de quienes gobiernan el país".
Lo cierto es que restan pocos días para culminar el trabajo de la comisión, pero no está de más dar una mirada hacia atrás, cuando hace seis meses (o unos 180 días) fueron abiertas las puertas del "infierno judicial".
Finalizaba el verano cuando el jueves 3 de marzo una noticia ocupó los titulares. Las "graves" acusaciones contra el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Adán Arnulfo Arjona.
Tres de sus colegas: Arturo Hoyos, Winston Spadafora y Aníbal Salas, dieron la voz de alerta, luego que el Frente Anticorrupción denunciara que Arjona mantenía en su despacho a funcionarias que también laboraban en la Procuraduría de la Administración.
Los tres magistrados agregaron que su colega mantenía en su equipo a otra funcionaria que prestaba servicios en el Ministerio de Economía y Finanzas. Los letrados lo consideraron un "desorden administrativo" y una "burla" a la independencia judicial.
El Frente Nacional Contra la Corrupción, presentó ante la Asamblea Nacional "pruebas" que involucraban a Arjona en corrupción de funcionarios, tráfico de influencias y asociación ilícita para delinquir.
Se señaló, entre otras acusaciones, que Arjona contrató los servicios de dos empresas de audiovisuales. Ambos contratos, no pasaban de B/9 mil 826; según se indica, para obviar una solicitud de precios, obligatoria si el monto supera los B/.10 mil.