Uno de los juicios más baratos en la historia panameña es el de los dirigentes anticastristas Luis Posada Carriles, Guillermo Novo, Pedro Crispin Remón, Gaspar Jiménez y sus colaboradores panameños, porque los abogados acusadores no están cobrando por sus servicios.
Un cuarteto de denunciantes integrado por los abogados penalistas Silvio Guerra, Rafael Rodríguez, Julio Berrío y Arcelio García, que representan a los grupos obreros, estudiantiles e indígenas, aseguran que por esta representación no cobran "ni un centavo", pues lo hacen por solidaridad con los opositores al terrorismo.
Rafael Rodríguez, durante su alegato, aclaró que "ni para las copias de los expedientes" ha recibido dinero de parte de los acusadores, mientras que el dirigente sindical Gabriel Castillo comentó que al inicio era lógico que los grupos acusadores debían hacerse cargo de los salarios de los abogados, pero estos accedieron a brindar su profesionalismo de forma gratuita.
Aunque una fuente de los grupos opositores a los anticastristas, sostuvo que uno de los cuatro abogados fue difícil de convencer para que los representara.
Otra peculiaridad que se da en el proceso es que los privilegios que el imputado José Manuel Hurtado tiene en comparación con los de los cubanos son mínimos, denunció su representante.
Dijo que mientras Hurtado está recluido en La Joyita, los anticastristas en El Renacer, además, su defendido no tiene acceso a vía telefónica, pero a los extranjeros hasta beneficio de una televisión se les ha otorgado.
Posada Carriles y sus colaboradores son enjuiciados por la supuesta planificación de un atentado contra el presidente Fidel Castro, durante la Cumbre Iberoamericana realizada en Panamá en noviembre del 2000.
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