Beneficios otorgados y evasión
- 44 fincas registró Desarrollo Golf Coronado para exonerarlas del pago de impuesto.
- 20 años es el nuevo periodo por el cual se le renovaron en 2007 las exoneraciones a la empresa.
- 3 millones de dólares es el alcance fiscal que emitió la DGI, en otro proceso contra la empresa.
Desarrollo Golf Coronado S.A., propiedad del empresario Ithiel Roberto Eisenmann, enfrenta un nuevo proceso judicial luego que la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) lo denunciara ante el Ministerio Público de posible falsificación de documentos públicos y uso irregular de las exoneraciones fiscales para el sector turístico.
La ATP encontró dentro de una investigación que Desarrollo Golf Coronado incluyó en su lista de beneficiadas con los incentivos fiscales de la industria de turismo dos fincas que no pertenecían al proyecto hotelero. Los beneficios incluyen la exoneración por 20 años del pago del impuesto de inmueble sobre los terrenos y mejoras que sean propiedad de la empresa.
Los abogados de la empresa solicitaron el pasado 1 de agosto una corrección a la Resolución 89/07 del 3 de diciembre de 2007, reconociendo errores en el momento en que se inscribieron las fincas bajo investigación. “Nuestra investigación solamente incluyó las fincas directamente involucradas en la Resolución 89/07, que son las de la competencia en la actividad turística”, indicó Salomón Shamah, administrador de la ATP.
[B]Panamá América[/B]buscó la versión de Desarrollo Golf Coronado, pero sus representantes pidieron por escrito las preguntas. Sin embargo, al cierre de esta edición no contestaron.
Una de las fincas bajo investigación del Ministerio Público es la 32706, la cual pertenece a la empresa Geovera S.A. desde el año 1995. El certificado de Registro Público señala en el primer párrafo que la finca es propiedad de la empresa Desarrollo Golf Coronado, pero el mismo documento se contradice al final, donde dice que está en arrendamiento a favor de la empresa de Eisenmann. No señala el nombre real de la propietaria.
También se investiga la finca 32684, la cual desde el año 1995 es propiedad de la empresa Inversiones Leomar S.A.. El certificado del Registro Público acredita en el primer párrafo la propiedad a Desarrollo Golf Coronado. Sin embargo, en los párrafos finales, el documento se contradice al señalar que está vigente un secuestro de la finca propiedad de Inversiones Leomar S.A.
Shamah envió una nota al director del Registro Público pidiendo una explicación sobre los certificados y el 1 de noviembre interpuso una denuncia ante el Ministerio Público solicitando una investigación por “falsificación de documentos públicos”. “Elevamos a usted solicitud de que se verifiquen los hechos expuestos, con la finalidad de poder determinar la existencia de alguna conducta que pueda constituirse en delito, toda vez que el acto administrativo se basó en certificaciones expedidas por el Registro Público, las cuales fueron entregadas por Desarrollo Golf Coronado, inscrita en el Registro Nacional de Turismo. Y que se investigue si las fincas 32706 y 32684 han recibido exoneración fiscal”, sostuvo Shamah en la denuncia presentada directamente al procurador general de la nación, José Ayú Prado.
La denuncia de la ATP también le pide al Ministerio Público esclarecer si el caso de la empresa Desarrollo Golf Coronado se trata de doble exoneración. “Debido a la imposibilidad de la ATP de poder comprobar la existencia de una doble exoneración, agradecemos las investigaciones que su despacho pueda realizar”, indicó Shamah en la carta remitida a Ayú Prado.
El procurador confirmó que le está dando el trámite correspondiente a la denuncia contra Desarrollo Golf Coronado.
De ser comprobado un delito por el MP por la indebida o ilegal utilización de los incentivos, las sanciones pueden ir desde multas hasta la cancelación del Registro Nacional de Turismo, ejecución de fianzas y otras sanciones legales.
El caso también se trató de canalizar por la Dirección General de Ingresos (DGI). Sin embargo, el 17 de septiembre pasado, el director del ente, Luis Cucalón, se declaró impedido.
“La ley prohíbe taxativamente a este despacho y demás funcionarios de la institución la entrega de informes o demás datos propios del contribuyente; correspondiéndole única y exclusivamente para los usos investigativos a las instancias judiciales la entrega de las mismas sin autorización alguna”, señaló Cucalón.
Desarrollo Golf Coronado S.A. también enfrenta otro proceso por evasión fiscal entablado por la propia DGI. En junio pasado, la DGI notificó de dos resoluciones a Desarrollo Golf Coronado S.A. en las que se establece una supuesta evasión del pago de impuesto sobre la renta por 2 millones 83 mil dólares y 992 mil 765 en el impuesto de transferencia de bienes corporales muebles y la prestación de servicios (ITBMS).
Todos los casos registrados en la auditoría fiscal de la DGI están vinculados al manejo irregular de los incentivos de la Ley 8 de 1994, por la cual se promueve la actividad turística.
Eisenmann apeló a las resoluciones de la DGI, quedando el caso en manos del Tribunal Tributario. Pero además recurrió a una serie de acciones legales a través de la Corte Suprema de Justicia tratando de dilatar el proceso de supuesta evasión fiscal por más de 3 millones de dólares.
