El abogado Candelario Santana dijo ayer que la opinión de la Procuradora de la Administración, Alma Montenegro de Fletcher, no puede ser utilizada como un instrumento para detener la decisión del Juzgado Séptimo Penal que ordenó en su favor el pago B/3.6 millones en concepto de salarios por la negociación de ocho convenciones colectivas a los trabajadores del IRHE.
Santana aseguró que la opinión de Montenegro de Fletcher no es de estricto cumplimiento y que se produjo luego que el juzgado emitió un veredicto. Añadió que la procuradora no es parte del proceso y que su actuación constituye una intromisión y una extralimitación de sus funciones públicas.
Estimó que los trabajadores del IRHE quieren utilizar la opinión de Montenegro de Fletcher como un subterfugio para eludir el pago de las responsabilidades adquiridas con él y que fueron refrendadas por un juzgado.
Alegó que en su opinión la procuradora estimó que los B/3.6 millones correspondientes a sus honorarios eran del Estado, pero no así los 89 restantes que debían ser pagados como liquidación a los obreros tras la privatización del IRHE.
A su juicio, tras la decisión de Montenegro de Fletcher existe una intención política de favorecer a miembros del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y que presentará una denuncia por extralimitación de funciones en su contra ante el Ministerio Público.
Sostuvo que incluso la funcionaria está violando la autonomía de la Contraloría General de la República que accedió a cautelar los B/3.6 millones hasta que culminara el proceso civil instaurado por él contra los trabajadores que se resistían a cumplir con el pago de sus honorarios.
El litigio entre Santana y un grupo de trabajadores del IRHE tiene más de un año de estar en los tribunales y hasta ahora no se había producido una decisión judicial.
