La junta directiva de la Autoridad de la Región Interoceánica autorizó al administrador de la entidad, Alfredo Arias, para que suscriba la addenda No. 2 al contrato de arrendamiento de 1999 suscrito con el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI). Con esta addenda se excluiría un área del total de terrenos asignados en arrendamiento y se aplican otras modificaciones.
Otra de las modificaciones es el uso del bien arrendado, por lo que el globo de terreno debe ser utilizado para construir, desarrollar y mantener un centro de investigación y educación. Se mantendrán iguales y vigentes los demás términos y condiciones pactados en el contrato y su addenda No. 1.
Pudimos contactar a Alcibíades Caraballo, uno de los afectados, quien aseguró que su vida continúa normal, aunque ha sentido algo de debilidad en el cuerpo. "Ya no es como antes y en estos días me dieron mareos", agregó.
Caraballo tuvo varias funciones en Mina Santa Rosa, pero no sabe en cuál de ellas recibió la contaminación. Lo que sí está claro es que una le marcó las manos, y fue cuando regaba cal en las tinas donde se prepara la roca molida para extraer el mineral. Hoy muestra las secuelas que aquel químico le dejó en sus brazos.
También trabajó en los laboratorios donde se preparaban las muestras de los minerales obtenidos. Otro ex trabajador, Ricardo Pérez no tiene plomo en su sangre pero le fue detectada otra sustancia, en este caso creatimina; sus niveles están por encima de lo normal, pero dice sentirse bien en todos los aspectos.
En común con Caraballo, Pérez sólo tiene el haber trabajado en el laboratorio, pero allí fue vigilante nocturno. Su otra función fue la de despachar diesel a los autos y camiones de la empresa y también limpiando los herbazales.
Pastor Durán, quien ha estado vinculado a grupos en contra de este tipo de proyectos, sospecha que los casos descubiertos son apenas la punta del "iceberg", pues puede existir otros producto de la contaminación que dejó la empresa.
Para Durán, el asunto es serio y requiere de acciones inmediatas, ya que la empresa además de dejar a gente enferma, no le pagó las prestaciones a sus trabajadores y abandonó un área altamente contaminada, a parte de una depredación ecológica.
Hoy los cañaceños sólo cuentan con el apoyo de estas organizaciones, entre las que se encuentran Asistencia Legal Alternativa de Panamá (ALAP), el Programa Veragüense de Desarrollo Ecológico Sostenible (PROVERDES), la Fundación de Organizaciones Campesinas e Indígenas Veragüenses (FOCIV) y la Coordinadora Popular de Derechos Humanos de Panamá (COPODEHUPA).
En sus peticiones quedó claro que necesitan que las autoridades nacionales volteen su mirada hacia uno de los distritos más pobres de Veraguas y del país, que una vez vio la minería como la posible solución a sus problemas, sin sospechar siquiera que los agravaría.
