El secretario general de la Asamblea Legislativa, Harley James Mitchell no descartó ayer que en los robos que han afectado ese Organo en las últimas semanas estén involucrados funcionarios del mismo y advirtió que en un informe preparado por el departamento de seguridad de la Cámara podría determinar a los responsables.
Explicó que el informe podría detectar a los responsables de los robos que se han registrado en la Cámara y que de no ser así, los casos serán remitidos a la Policía Técnica Judicial (PTJ), para que realice las investigaciones técnicas respectivas.
"De fallar los mecanismos internos en la investigación procederemos de inmediato a remitir estos casos de hurtos a la PTJ, para que efectúe las indagaciones necesarias al respecto y así deslindar responsabilidades", dijo.
Mitchell si bien no descartó la participación de funcionarios de la Asamblea en los robos, al ser cuestionado sobre la presunta participación de cuatro trabajadores en los ilícitos señaló que no tenía conocimiento, por lo que se limitó a dar mayor información.
En tanto el presidente de la Asamblea Legislativa, Gerardo González, aseguró que se presume que cuatro funcionarios de ese Organo podrían estar involucrados en los robos que se han perpetuado en distintas oficinas de los legisladores de la República.
Ayer el subsecretario general de la Asamblea Legislativa, Didimo Escobar se reunió con el personal de seguridad a fin de esclarecer ciertas interrogantes de este tema, ya que los robos se registran los fines de semana cuando no hay nadie en el Parlamento, y por consiguiente ninguna persona puede entrar sin el debido permiso de los agentes de seguridad.
Recientemente legisladores de diversos partidos han denunciado en el período de incidencias ante el pleno legislativo una ola de robos que se han registrado en los últimos días en la sede de este Organo del Estado.
Enrique Garrido denunció que los "ladrones" violaron la puerta de su oficina y le robaron un fax, hecho que se registró durante el fin de semana.
"Esta es una situación preocupante, que nos preocupa, puesto que es evidente que son gatos de casa los que están incurriendo en los hurtos, hay que investigar esta problemática, porque no podemos permitir que se agrave y que se vuelva costumbre", agregó.
Elías Castillo, legislador del Partido Revolucionario Democrático (PRD), manifestó que aunque los robos no han sido significativos, resulta preocupante que a lo interno de este Organo del Estado surjan este tipo de situaciones.
Precisó que en su oficina violentaron una de las cerraduras de la puerta, pero gracias a Dios no pudieron entrar, sino también hubiesen robado.
De igual forma mostró su descontento con el hecho de que se haya autorizado a una empresa vendedora de autos a realizar una feria dentro de las instalaciones legislativas.
De la forma en que se autorizó este feria, resulta muy probable que en futuro se otorguen otras autorizaciones y se instalen fondas, almacenes y otros negocios que al final convertirán la sede de la Asamblea Legislativa en un bazar.
A su vez, el parlamentario Daniel Arias también se hizo eco de las denuncias, al manifestar que ha sido víctima de robo, "los ladrones" entraron a su oficina y se llevaron una radio grabadora.
Cabe mencionar, que además de estos hurtos en otras ocasiones se han registrado robos en las misma presidencia de la Asamblea, donde se robaron B/. 1,600 de la caja menuda. También se han sustraído cámaras filmadoras del departamento de Relaciones Públicas.
James Mitchell aseguró que en los más altos niveles directivos de la Asamblea Legislativa, existe plena disposición para que se investigue a quien haya que investigar, no se pretende apadrinar o encubrir a nadie, no se puede excluir a ninguna persona y se sancionará a quienes sean responsables.
Reconoció que en los últimos meses se han registrado por los menos tres hurtos en las oficinas de la Asamblea Legislativa y que hasta el momento no se ha ubicado a ninguno de los responsables de estos actos delictivos.
Fuentes de seguridad de la Asamblea expresaron que en otras ocasiones se iniciaron las investigaciones e incluso se había presentado la denuncia ante la PTJ, pero fueron suspendidas a solicitud de directivos legislativos.
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