El viceministro de Finanzas, Publio Cortés advirtió ayer no hay nulidad en la licitación de la finca 12092, ubicada en Punta Mala, provincia de Los Santos, porque no se ha dado ningún incumplimiento a la Ley 58 de diciembre de 2002 ni a la Ley No.56 de Contrataciones Públicas.
Las declaraciones del viceministro se dan a raíz de los señalamientos de que el hermano de la mandataria Franklin Moscoso Rodríguez no aportó una oferta de declaración jurada que pide la Ley No.58 del 12 de diciembre de 2002 a todo proponente que participe en licitaciones.
El requisito se les exige a los participantes para ver si pertenecen a un país que aplique prácticas comerciales discriminatorias a Panamá.
Cortés sostuvo que la medida sólo se aplica a personas extranjeras, ya sea empresas o personas naturales.
"Esto se aplica a los países que castigan unilateralmente a Panamá en materia comercial, pero sólo a los extranjeros y no a los nacionales", acotó.
Aclaró que en el caso de la licitación de Punta Mala la persona a quien se le adjudicó la propiedad es ciudadano panameño, por lo que no encaja dentro de los modelos definidos por la mencionada ley.
"No hay ningún tipo de limitante legal, el acto público es perfectamente transparente", añadió.
La residencia de Punta Mala, ubicada en el distrito de Pedasí, fue adjudicada al señor Franklin Moscoso, quien ofreció el precio más alto B/.641,342.00 frente al valor oficial que fue de B/.624,264.70.
Sobre este acto el constitucionalista Silvio Guerra interpondrá un recurso de nulidad en representación de Samuel Donovan, supuesto propietario de la finca y primo de la gobernante.
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