El proceso abierto en la Asamblea Nacional al separado magistrado Alejandro Moncada Luna que resolvió la formulación y separación del cargo en medio de un escenario con motivaciones políticas abrió la puerta para que el mismo procedimiento se aplique para enjuiciar y sacar de sus cargos a otros magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Para el exprocurador de la nación, Rogelio Cruz poner la administración de justicia en manos de un ente político como la Asamblea, pudiera ser utilizado para el el presidente Juan Carlos Varela para tener el control en la Corte.
Cruz sustenta sus argumentos tomando en cuenta que en estos momento existe el pacto de gobernabilidad entre panameñistas que están en el gobierno y diputados del PRD.
Propiciado el escenario la querella que presentarán hoy el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Sunstracs) contra de tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia, podría ser utilizada para tales fines.
La querella estará fundamentada en un supuesto acto de corrupción por parte de los magistrados Harry Díaz, Víctor Bemavides y Luis Mario Carrasco (suplente del magistrado José Ayu Prado), por revocar un falló de un jurado de conciencia que condenó a 20 años de prisión a Rogelio Ramos, conocido como "Juana Peña".El fallo se dictó en el caso del homicidio del trabajador de la construcción Osvaldo Lorenzo, quien falleció de un disparo tras una protesta de trabajadores de la contrucción.
El jurista Juan Carlos Arosemena es de la opinión de que el problema no es que se interpongas las denuncias contra magistrados en la Asamblea, porque es un derecho de todo ciudadano lo que hay que fiscalizar son las motivaciones que tengan los diputados a la hora de adminitir o rechazar estas acusaciones.
Añadió que la Asamblea Nacional de Diputados por ser un ente político, existen riesgos al momento.de administrar justicia.
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