La Sala Tercera Contencioso Administrativa admitió una apelación presentada por la procuradora de la Administración, Alma Montenegro de Fletcher, contra la demanda de indemnización presentada por Alfredo Oranges.
La apelación presentada por Montenegro de Fletcher fue admitida, luego que la funcionaria en representación del Estado presentara una serie de argumentos en donde objeta la reclamación realizada por Oranges.
Dentro de su apelación la funcionaria alegó que la demanda presentada contra el Estado es improcedente por considerar que no existe responsabilidad por el supuesto daño moral ocasionado a Alfredo Oranges.
En su escrito, Oranges presentó reclamaciones económicas por el perjuicio ocasionado durante el proceso de investigación adelantado por la Policía Técnica Judicial (PTJ) en su contra por el supuesto delito de lavado de dinero.
Los abogados de Oranges presentaron la reclamación fundamentados en que las acciones realizadas por la PTJ perjudicaron la carrera política de su cliente, quien era precandidato presidencial del Partido Revolucionario Democrático (PRD).
La PTJ levantó un expediente contra Oranges por presunto lavado de dinero dentro de la denominada operación "Malocchio".
Sin embargo, posteriormente Oranges logró probar la inexistencia de tales cargos y que todo se trató de una persecución política.
La investigación contra Oranges surgió justo en el momento que éste anunció su precandidatura presidencial dentro del PRD para los comicios electorales de 1994.
A raíz de la pesquisas Oranges quedó excluido de la contienda y debió dedicarse a la recopilación de evidencias para su defensa.
