La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) podría ser condenada al pago de siete millones de balboas a la empresa Econoleasing, S.A., luego que la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitiera la demanda de indemnización por daños y perjuicios.
Econoleasing S.A. demandó los daños económicos y degradación de la imagen de la empresa causados por el menoscabo de la ATTT, que negó transferir certificados de operación y placas de vehículos propiedad de Sindicato de Conductores de Taxis Pequeños (SINCOTAPE) a la referida empresa que dio arrendamiento financiero.
El recurso detalla que al no cumplir SINCOTAPE con el pago de los cánones de arrendamiento, se propuso un proceso ejecutivo respaldado por la decisión del Juez Décimo de Circuito que falló a favor de la empresa Econoleasing para el cobro de capital.
El recurso obligó a SINCOTAPE a devolver los vehículos, transacción que fue cumplida en diciembre de 1999. Sin embargo, la citada empresa denunció el infructuoso intento para que la ATTT en cumplimiento de la ley proceda a tramitar las solicitudes de transferencia de los documentos de los transportes públicos a su nuevo dueño.
Sustenta la parte acusadora que la abstención de la ATTT en transferir a la empresa Econoleasing los correspondientes certificados de operación y las placas de los autos pese a mediar con la orden judicial, carece de fundamento legal, basándose en una vista de la Procuraduría de la Administración fechada el 17 de mayo de 2002.
El equipo de abogados de la empresa refiere que la conducta del Tránsito en desatender la orden del juez ocasionó que el Juez Sexto Civil impusiera al director de la entidad, Pablo Quintero Luna, una sanción pecuniaria, acusando además que el funcionario persiste en su conducta de desatender la orden judicial.
La demanda establece que el ejercicio de la ATTT ha provocado pérdidas económicas a la empresa en el atraso de algunos casos e imposibilidad en otros, en la comercialización de los autos, entorpeciendo el cobro de su crédito, objeto de la transacción con SINCOTAPE.
La acusan también de la mora en el pago de capitales, intereses y seguros de los vehículos de su clientela, provocado por la decisión arbitraria de la ATTT, que ha cancelado injustificadamente algunos de los referidos certificados de operación.
En esta planilla hay otros aspectos que la hacen más interesante. Hay legisladores que tienen familiares nombrados devengando, incluso, los salarios más altos.
El legislador Carlos Smith tiene contratada a Tania Smith con dos salarios de B/. 1,000, según consta en la planilla de la Asamblea Legislativa.
El legislador le confirmó a El Panamá América que Tania Smith es su hija, pero que ésta no labora con él desde octubre del año pasado y señaló que la planilla de la Asamblea está "desactualizada y tiene un error".
Según Smith, su hija ejercía el cargo de enlace de comunicación entre su circuito 4-2 Barú, provincia de Chiriquí y su despacho, pero nunca cobró dos salarios de B/. 1,000.
El legislador perredista indicó que de ser cierto que en la Asamblea su hija apareciera con dos salarios "yo le diría que fuera a reclamar el otro". No obstante, recalcó que investigaría este hecho.
Por otro lado, se consultó a la legisladora Balbina Herrera, la cual contrató a Yoira Herrera o Taira Herrera (como aparece en la planilla de la Asamblea Legislativa), para saber cuál era su parentesco con ella. Balbina aclaró que Yoira (o Taira), es su secretaria y que no guarda ningún parentesco con ella.
La parlamentaria por el PRD procedió a enumerarnos quiénes son sus hijos y sus hermanas y hermanos, y recalcó "ninguno de mis tres hijos trabaja en ningún tipo de gobierno y no van a trabajar en nada del Gobierno". Acto seguido, enfatizó: "Hay gente decente todavía en este país que somos políticos, no todos son corruptos". "Es pura coincidencia que mi secretaria tenga mi apellido", recalcó Balbina Herrera.
De esta planilla también se desprenden otros datos curiosos, como el nombramiento de esposas. Este es el caso del legislador perredista por el circuito 8-6 (San Miguelito) Felipe Cano, quien tiene nombrada a su esposa, Marlene de Cano con un salario de B/. 1,100.00.
Al ser consultado sobre esto, el legislador Cano dijo: "por qué te antojaste de mí, agarra a otro" y posteriormente confirmó que sí se trata de su esposa y que la misma labora en la oficina de enlace de San Miguelito.
En tanto, con un salario mucho más modesto, Omar Chen Chong también del PRD y legislador por el 1-1 (Bocas del Toro), tiene nombrada a Elvia de Chen, con B/. 800.00.
La legisladora del PRD por el circuito 3-1 (Colón), Olgalina de Quijada, tiene en su planilla a Raúl Quijada con un salario de B/. 1,000.
En cuanto a la actualización de la información de planillas y contratos de la Asamblea Legislativa, Guido Rodríguez, segundo adjunto del defensor del Pueblo, indicó que en el caso de la Asamblea Legislativa, la información contenida en el Nodo de Transparencia no ha sido renovada en el tiempo en que está como presidente Jacobo Salas.
Aunque se tiene una mora en la entrega de contratos de servicios profesionales de más de tres meses. En días pasados el defensor del pueblo, Juan Antonio Tejada solicitó la información al presidente de la Asamblea.
El Panamá América pudo conocer que en el transcurso de esta semana el presidente de la Asamblea Legislativa podría hacer entrega de esa información al defensor del pueblo para que sea anexada al Nodo de Transparencia de esa institución.
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